Es muy difícil con los actuales dirigentes políticos, tanto con Rajoy como con Puigdemont, que mantienen posiciones inamovibles y enfrentadas, iniciar cualquier tipo de diálogo que fructifique en aras de la paz social y el entendimiento, tan necesarios para reconducir la situación en Cataluña.
Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, viene reclamando desde hace tiempo la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones. El Gobierno mientras tanto, mantiene una posición de prudencia y a la vez de inacción, que clama el cielo, máxime cuando el Parlament de Cataluña ha anunciado un pleno para el próximo martes día 10, suspendido por el Tribunal Constitucional, para anunciar la declaración unilateral de independencia o la proclamación de la República catalana.
La decisión que han tomado algunas entidades financieras como el Banco Sabadell o CaixaBank de cambiar el domicilio social fuera de Cataluña ante la inseguridad jurídica de una eventual declaración de independencia y para salvaguardar la seguridad de clientes, accionistas y trabajadores, a la que se han sumado otras empresas como Gas Natural, Catalana Occidente, Freixenet o Codorniu ensombrece aún más el panorama de una Cataluña independiente, que han querido vender como la panacea contra todos los males de España.
La convocatoria de elecciones y la formación de un nuevo gobierno, con nuevos interlocutores despejaría el panorama ante el desafío independentista.
