Ante la declaración de intenciones del nuevo presidente de la Generalitat, que no varían un ápice de su mentor en el cargo el señor Carles Puigdemont, la respuesta de los partidos constitucionalistas debe ser de defensa del orden constitucional y del Estado de derecho de forma unánime y consensuada.
Sánchez y Rajoy ya se han reunido para abordar el tema, tras la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat y en los próximos días lo hará el líder de Ciudadanos y es de esperar que también se sume Podemos porque no es una cuestión de siglas sino de defensa de la unidad de España ante el golpe de Estado que quieren perpetrar los independentistas, arrogándose una mayoría que no tienen y saltándose las leyes, que nos afectan a todos por igual.
Quim Torra quiere proclamar la República catalana y restituir a los ex consejeros prófugos de la justicia o encarcelados en un nuevo desafío intolerable al Estado. También al jefe de los Mossos, Josep Lluís Tapero, actualmente procesado y acusado de delitos muy graves.
La designación de Torra, que de momento no está imputado en ningún delito, pero que lo estará si quiere llevar a término sus proclamas independentistas, xenófobas y racistas no deben amilanar al Gobierno en la adopción de medidas urgentes que garanticen la libertad y los derechos de todos los españoles.
La deriva aún más radical que se perfila en el nuevo gobierno no hace presagiar nada bueno y nos aleja aún más de una solución dialogada.
