El presidente francés Emmanuel Macron sienta un mal precedente cediendo ante las violentas protestas que se han producido en los últimos días en Paris y cuyas pérdidas económicas podrían elevarse a 10.000 millones de euros.
Los gobiernos deben mantenerse firmes en las medidas que adoptan porque ceder al chantaje de los violentos es restar legitimidad al resultado de las urnas y verse abocado a las protestas callejeras de forma continúa e indefinida, cada vez que se anuncien medidas impopulares.
Macron se ha visto obligado a dar marcha atrás a algunas de estas medidas, como el alza al impuesto de los carburantes, que fue inicialmente el detonante de las protestas de "los chalecos amarillos" y ha anunciado algunas reformas económicas y fiscales, como la subida del salario mínimo en 100 euros, para calmar los ánimos de los manifestantes, que, no obstante, siguen presionando con más violencia en las calles hasta derribar al Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron. La batería de medidas de carácter social puestas en marcha por el Gobierno francés para rebajar la tensión en la calle, que costarán al país galo alrededor de 10.000 millones de euros y elevarán el déficit público al 3,5% del PIB no han tenido ningún efecto en el ánimo de los manifestantes, que las califican de insuficientes y amenazan con más movilizaciones hasta conseguir el objetivo final, que no es otro, que forzar la dimisión de Macron y de todo su Gobierno cuando se cumple el primer año y medio de su mandato presidencial.
Si Macron finalmente dimite y convoca elecciones, el gran beneficiado de este conflicto social será la extrema derecha de Marine Le Pen, que lejos de tener un programa social que acabe con las desigualdades en Francia, está aprovechándose de la situación de debilidad de un gobierno, que solo ha reaccionado cuando la gente se ha echado a la calle en masa y no cuando debería haberlo hecho que es, legislando para una mayoría social.
