En la última regularización fiscal que hizo Mariano Rajoy, amnistía fiscal para entendernos, y que permitió aflorar cerca de 88.000 millones de euros, hubo otras dos anteriores durante los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, para aflorar el dinero negro, algunos partidos políticos como Unidas Podemos reclamaron que se hiciera pública la lista con los nombre de los defraudadores fiscales que por un módico porcentaje se podían poner al corriente con el fisco. Aquella iniciativa de publicar los nombres fracasó porque atentaba contra el derecho al honor y la intimidad de las personas, derechos ambos consagrados en nuestra Constitución.
Desde hace unos años, la Agencia Tributaria pública la lista de morosos con la Hacienda Pública, la última ha aparecido estos días. Supongo que legalmente será posible porque de lo contrario la hubieran recurrido en los tribunales, sin embargo, no entiendo muy bien qué es lo que se pretende exactamente con que se hagan públicos los nombres de los deudores. Si es para que paguen, que ese debe ser el fin, entiendo que eso es una cuestión que debe afectar únicamente al deudor y al acreedor y no le interesa conocer a nadie más. Si, por el contrario, es como una especie de escarnio público, como quieren hacer con los clientes de los prostíbulos, publicando sus nombres en las marquesinas es claramente una vulneración del derecho a la intimidad y al honor.
Hace unos años, un periódico de Valencia publicaba a cinco columnas y con un titular destacado el nombre de una conocida familia empresarial valenciana, donde se detallaban sus deudas con el fisco de toda la saga familiar. Aquello se convirtió en una auténtica comidilla en el pueblo, ya de por sí dado al chascarrillo y sirvió muy poco para el fin último que se perseguía, que no es otro que los que tienen deudas con el fisco paguen.
