El paro de los transportistas que hoy cumple su décimo día de reivindicaciones amenaza con paralizar todo el país.
Durante estos días se han visto imágenes de cómo los mal llamados piquetes informativos impedían a otros camioneros, que no querían secundar el paro, circular con su camión y transportar la carga. La policía ha tenido que escoltar a muchos de estos camiones para que pudieran realizar su trabajo con normalidad.
El derecho a la huelga que consagra nuestra Constitución debe ser compatible con el derecho al trabajo. En este caso, no ha sido una huelga lo que se ha convocado sino un paro patronal, pero en cualquier caso, el derecho al trabajo tiene que garantizarse en cualesquiera de las circunstancias.
Sobre la propuesta que ha hecho el líder del PP Núñez Fejóo de sacar al ejército a la calle para garantizar el suministro, ya ha tenido una respuesta por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Es cierto que cuando hubo la huelga de controladores aéreos en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que paralizó cientos de vuelos en el país, el Gobierno socialista, tras declarar el estado de alarma, echó mano del ejército para paliar la situación y fueron los propios militares los que controlaron el espacio aéreo durante el tiempo que duró la huelga.
Los efectos del paro de los transportistas están afectando a muchas empresas que se están viendo obligadas a cerrar sus puertas ante la falta de suministros y materiales. Es el caso de: conserveras, automoción, alimentación, cerámica, construcción, textil, … La lista es larga, pues afecta a todo el tejido productivo. Hay muchos empleos en juego que requieren una respuesta urgente por parte del Gobierno que no puede seguir demorando las medidas que ayuden a desconvocar los paros. Estas medidas pasan por una reducción de los impuestos de hidrocarburos que gravan los carburantes. Los impuestos representan casi el 50% del precio del combustible. Las autonomías reciben casi 10.000 millones de euros del impuesto de hidrocarburos.
La primera reunión del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTP), organización mayoritaria dentro del sector se ha cerrado sin ningún acuerdo, pese a la promesa del Gobierno de destinar 500 millones de euros en ayudas. Dinero que la patronal del sector considera insuficiente y que tampoco ha sido concretado por parte del Gobierno.
La principal plataforma organizadora del paro, que se creía minoritaria, no ha sido convocada a ninguna reunión con el Gobierno. No se entiende cómo la principal plataforma convocante del paro no esté presente en la reunión con la ministra Raquel Sánchez, aunque esta plataforma no tenga representación en el Comité Nacional del transporte ha demostrado tener un gran poder de convocatoria por lo que debería de estar presente en cualquier negociación futura.
Otro de los efectos de este paro a gran escala se está viendo ya en muchos lineales de las grandes superficies, donde empiezan a escasear productos de primera necesidad como: la leche o el aceite. Esto está provocando que muchos consumidores compren de forma compulsiva y llenen los carros de compra ante el temor a quedarse sin alimentos, lo que acrecienta aún más el problema de desabastecimiento en los comercios, con el problema añadido de contribuir a que suban aún más los precios de estos productos.
Francia, Italia y Portugal ya han aprobado medidas para contener el alza de los combustibles que es una de las reivindicaciones de los camioneros. En España no se tomarán medidas hasta el 29 de marzo, tras la Cumbre Europea.
El Gobierno de Sánchez cometió el error de asociar este paro a grupos de ultraderecha que nada tenían que ver con las reivindicaciones de un sector que viene reclamando desde hace años unas condiciones laborales dignas y no trabajar a pérdidas, como vienen denunciando desde hace décadas. Y también se equivocó no previendo el éxito de los convocantes.
