La dimisión de Mónica Oltra no se ha producido por voluntad propia sino por la presión de sus socios de Gobierno y donde el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig le lanzó un ultimátum para que no se viera afectado el pacto del Botánic.
La izquierda nacionalista sigue hablando de una cacería política urdida por la extrema derecha.
Que una formación política como Compromís hable en esos términos es cuestionar el sistema judicial, donde la Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, que ha emitido un informe demoledor sobre el caso de la menor tutelada, no es precisamente sospechosa de pertenecer a la extrema derecha, tampoco los jueces que la imputan.
Por tanto, no hay ninguna persecución política contra nadie, lo que sí hay son unos hechos gravísimos que conviene esclarecer y por esa razón se la ha imputado. Concretamente por tres delitos muy graves como son: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El auto del TSJCV no descarta encubrimiento ni malversación impropia, si se demuestra que se han utilizado fondos públicos para ocultar los abusos.
Esto de cuestionar la justicia cuando son ellos los que tienen que rendir cuentas ante un tribunal no solo es una estrategia equivocada es una afirmación muy peligrosa porque el poder judicial es una de las instituciones fundamentales del estado de Derecho.
La única víctima de este caso es la niña que sufrió abusos sexuales por parte del entonces marido de Mónica Oltra y que fue condenado a cinco años de cárcel. Abusos sexuales que podrían tener la consideración de violación, según la nueva ley aprobada por el ministerio de Irene Montero de Solo sí es sí.
A Mónica Oltra como a cualquier otro ciudadano le ampara la presunción de inocencia, una presunción que no se ha tenido en cuenta en otros casos y donde la izquierda política y mediática ha hecho juicios paralelos, condenando incluso antes de que se pronunciaran los tribunales de justicia.
La responsabilidad política de Mónica Oltra era incuestionable, máxime cuando ella misma puso el listón muy alto, pidiendo dimisiones a diestro y siniestro cuando era jefa de la oposición por casos mucho menores.
Por tanto, en política uno tiene que ser coherente y actuar de acuerdo al nivel de exigencia que pide para otros. No lo ha hecho.
Si de Oltra hubiera dependido no hubiera dimitido. Seguiría en su puesto.
Y ese es el problema de muchos políticos de este país que se niegan a dimitir, pese a la contundencia de las pruebas incriminatorias.
Al dimitir, Oltra ha perdido su derecho de aforada, un privilegio que querían abolir, y no será el TSJCV sino un tribunal ordinario quien la juzgue.
Que todo Compromís haya salido en tromba a defenderla forma parte del corporativismo político que también se da en la política y en otros gremios.
