Que estamos en precampaña electoral es evidente y a nadie se le escapa. Faltan más de seis meses para que se celebren elecciones autonómicas y municipales, pero los presidentes de algunas CCAA ya han anunciando medidas que tienen que ver con la rebaja de impuestos. Hasta el propio presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig se ha sumado a la guerra de los impuestos, prometiendo una rebaja fiscal para las rentas inferiores a los 60.000 euros. Lo ha dicho después de pedir al Gobierno que penalice a aquellas comunidades que han eliminado el impuesto de patrimonio.
En cualquier caso, una buena noticia para más del 97% de la población valenciana que paga impuestos.
La Comunidad Valenciana es junto a Cataluña, una de las comunidades con mayor presión fiscal de todo el territorio nacional y donde más impuestos se pagan, sin que ello haya redundado en mejores servicios sociales.
Hasta ahora solo algunas comunidades gobernadas por el PP, como es el caso de Madrid, Murcia, Galicia o Andalucía se han sumado a la rebaja de impuestos, a través de la eliminación del impuesto de patrimonio. Un impuesto que en el caso de la Comunidad Valenciana se seguirá pagando, como ha recordado el propio Ximo Puig.
Valiente y acertado, en todo caso, el gesto del presidente valenciano Ximo Puig de no alinearse con el Gobierno que ve en la rebaja de impuestos un ataque directo al estado del bienestar y a las políticas sociales.
El mantra que se repite desde la izquierda es que la rebaja de impuestos solo beneficia a los más ricos y abogan por nuevos impuestos como el impuesto a las grandes fortunas.
Todo esto queda muy bien decirlo de cara a la galería, pero luego, la realidad demuestra que los grandes patrimonios de este país apenas pagan impuestos porque tienen sus fortunas radicadas en paraísos fiscales.
Y es ahí donde el Gobierno debería redoblar sus esfuerzos, persiguiendo el gran fraude fiscal que hay en este país. En el caso de España, el agujero se acerca a los 3.700 millones de euros, equivalentes al 1,52% de los ingresos fiscales totales.
Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha cifrado en 91.600 millones de euros las pérdidas anuales para las arcas públicas por culpa del fraude fiscal. 60.600 millones corresponden a impuestos evadidos y los otros 31.000 a cuota defraudadas a la Seguridad Social.
La amnistía fiscal de Montero consiguió aflorar 1.200 millones, la mitad de lo esperado. Una medida que también intentó José Luis Rodríguez Zapatero, con escaso éxito también.
