El Estado ayudó con 60.000 millones de euros a las Cajas de Ahorro para reflotarlas y evitar que quebraran en plena crisis financiera. De no haberlo hecho, los impositores hubieran perdido sus ahorros. Era el mal menor. De ese dinero, solo Bankia ha devuelto una pequeña parte, apenas 3.303 millones de los 22.424 millones de euros que recibió del rescate.
Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, dijo que el rescate no les costaría un euro a los ciudadanos.
Las Cajas de Ahorro quebraron por una pésima gestión de sus responsables políticos. Las entidades financieras no recibieron ninguna ayuda del Estado porque estaban bien gestionadas por profesionales cualificados.
El PSOE y el PP son los responsables del hundimiento de las Cajas de Ahorro por poner al frente de las mismas a políticos. Caja Castilla La Mancha o Bancaja son ejemplos sobrados de la utilización que hicieron los partidos políticos de unas entidades financieras cuya finalidad era otra muy distinta a la del mercadeo político.
Hoy los bancos vuelven a estar en el punto de mira del Gobierno, pero por otros motivos: sus abultados beneficios.
Los altos tipos de interés han mejorado los márgenes de las entidades financieras, ya que la mayoría de las hipotecas lo son a tipo variable. De ahí que el Gobierno quiera poner un tope a las hipotecas variables para ayudar a las clases más vulnerables que han visto como la hipoteca se le ha encarecido una media de 3.000 euros anuales.
A pesar de que los tipos de interés han subido, los bancos siguen sin retribuir los ahorros mediante depósitos o plazos. Y no lo hacen porque el instrumento financiero más rentable para los bancos son los fondos de inversión, aunque los impositores pierdan dinero en la mayoría de los casos, pese a ser productos garantizados.
Hoy conocíamos los resultados del BBVA que ha logrado unos beneficios récord de 6.240 millones de euros, casi un 40% más que los obtenidos en el ejercicio anterior. También Santander, La Caixa y Sabadell han presentado unos resultados récord.
El Gobierno ha gravado con un impuesto los beneficios extraordinarios de los bancos. El problema de aplicar estos impuestos es que los bancos los repercuten inmediatamente en los clientes a través de abusivas comisiones. Hay entidades que cobran 30 euros mensuales por el mantenimiento de la cuenta.
Los buenos resultados obtenidos por las entidades financieras se ha traducido en el despido de empleados y el cierre de oficinas bancarias. En los últimos dos años, la banca ha cerrado más de 1.200 oficinas y ha despedido a más de 6.000 trabajadores.
La mayoría de las operaciones como es el pago de recibos o los ingresos en cash se hacen a través del cajero automático. La relación cliente-banco ha desparecido por completo. Más complicado lo tienen las personas mayores que han de pelear con las nuevas tecnologías.
Mientras esta sangría de despidos y cierre de oficinas se produce, los altos directivos tienen unas retribuciones desorbitadas en forma de bonus, planes de pensiones o retribución variable. En 2021, la gran banca repartió entre 1.900 directivos, 540 millones de euros.
Debería regularse por ley que las empresas que obtengan beneficios no puedan reducir sus plantillas.
El Gobierno ha pedido a la banca un esfuerzo adicional para que ayude con sus pingües beneficios a la mayoría social de este país. Sería muy razonable que lo hicieran.
