La chapuza legislativa de la ley del sí solo es sí que no ha tenido ninguna consecuencia política porque no se ha producido ninguna dimisión ni cese y que ha supuesto la rebaja de penas a más de un millar de agresores sexuales y la puesta en libertad de un centenar de violadores vuelve a la actualidad después de que el Tribunal Supremos haya avalado esa rebaja de penas, tal y como era previsible.
Que la ministra responsable de esta ley, Irene Montero siga en su cargo, ocho meses después de aprobarse la norma y de decir que no se iba a producir ninguna rebaja de pena, cuando ya se han beneficiado más de un millar de violadores es algo que escapa a la comprensión humana.
La ley sale del ministerio de Igualdad, pero es aprobada en el Parlamento, con lo cual, todo el Gobierno es responsable de sus consecuencias.
Después de calificar a los jueces de machistas, y de no asumir ninguna responsabilidad política, tras las evidencias que ha producido la aplicación de esta ley, efectos no deseados lo llaman eufemísticamente, siguen con el mantra de que su modificación es una vuelta a la ley de la manada y a la eliminación del consentimiento.
El consentimiento sigue presente en la ley, tras su modificación que salió adelante gracias a los votos del PP y Vox, Unidas Podemos votó en contra, como el resto de sus socios: ERC y EH Bildu.
Las consecuencias que ha generado la aplicación de esta ley, rebajando penas y excarcelando a violadores, ha provocado más indefensión en las víctimas ante el temor de que estos agresores sexuales una vez en libertad puedan volver a reincidir.
