Ramón Pardo, Castelló
La unión temporal de empresas adjudicataria de las obras del aeropuerto sigue sin solicitar al Ayuntamiento de Vilanova d$27Alcolea la licencia de obras y el denominado impuesto de construcciones y obras, pese a las dos notificaciones que le fueron remitidas en marzo pasado por el alcalde, José Manuel Rambla Saura, en este sentido. Asimismo, la UTE de PGP, Lubasa y FCC no ha remitido la documentación relativa al proyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental (DIA) que le fue requerida por el consistorio en el que se construye el aeropuerto.
Rambla Saura fue claro en su respuesta a la interpelación que le hizo el portavoz socialista, Pedro Bort, en el pleno municipal del miércoles al responder: «La empresa no nos ha dado nada». Lo que el dirigente socialista considera «una burla, porque la empresa, en esta y otras ocasiones, pasa de nosotros». Por ello instó al alcalde a que volviera a reiterar sus peticiones a la empresa constructora del aeropuerto que gestionará durante los próximos cincuenta años.
La decisión de reclamar a Concesiones Aeroportuarias la solicitud de permiso de obras y toda la documentación relativa al proyecto sobre el que se está trabajando fue adoptada en marzo pasado tras mantener una reunión de trabajo los alcaldes de Vilanova y Benlloch, los jefes de la oposición y los asesores urbanísticos. Así, con fecha 14 de marzo de 2005 se envió el primer requerimiento a la constructora y el 31 de marzo de 2005, el segundo.
Por otro lado, el eurodiputado de IU Willy Meyer ha trasladado a la Comisión del Parlamento Europeo, una denuncia por las irregularidades en la construcción del aeropuerto . Así, considera que, además de infringir la declaración de impacto ambiental, al trabajar en una zona no incluida en el estudio de impacto aprobado, también «se vulnera» la legislación europea en materia medioambiental y no asegura la competencia en igualdad de condiciones entre empresas.
Meyer recuerda que el de Castelló contará con importantes subvenciones de la Generalitat para asegurar al concesionario la rentabilidad en caso de no llegar a un número determinado de pasajero. Todo ello, derivado de «la falta de un plan de viabilidad o de un estudio económico independiente que garantice su viabilidad económica. De hecho, la diputación y la Generalitat idean todo tipo de compensaciones económica a las empresas que lo gestionen para contrarrestar el fracaso económico. Ello, dice, va contra la línea que mantiene la UE de impedir que «las administraciones públicas de los Estados miembros den ayudas a la empresas privadas».
