Julia Ruiz, Valencia
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, anunciaron ayer su intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) si el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no recupera en su «totalidad» el trasvase del Ebro a la Comunitat, Murcia y Almería, en los términos recogidos en el Plan hidrológico Nacional. Precisaron que el objetivo del recurso no es no «poner obstáculos» al minitrasvase a Barcelona que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy mediante decreto, sino exigir igualdad de trato para sus comunidades alegando que la decisión quiebra el principio constitucional de igualdad. La medida, aún por perfilar en cuanto a los plazos y su contenido, fue consensuada en una reunión en el Palau de la Generalitat que se prolongó durante más de cuatro horas y en la que también participaron los consejeros de Presidencia y Agua de ambas regiones.
Pese a las dudas iniciales, también quedó claro que ni Camps ni Valcárcel renunciarán a salir a la calle y hacer del agua la nueva bandera social del PP. «¿Habrá movilizaciones?», se preguntó a sí mismo Valcárcel antes de que los periodistas plantearán la cuestión. «Siempre las hubo», se contestó. Según dijo no serán los promotores, pero «si se nos pregunta allí estaremos, las respaldaremos y nos pondremos a la cabeza sin complejos». Es más, el presidente murciano dio a entender que la protesta está más que cantada, ya que sugirió Madrid como escenario de la misma. «Sería estupendo porque es su espacio natural», apuntó. Preguntado sobre si esta iniciativa cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP, mantuvo que nunca se ha pedido permiso para ello y recordó que Rajoy estuvo en las organizadas en su día para reclamar la restitución del PHN.
«Barcelona está infartada»
En la comparecencia ante los periodistas, Camps y Valcárcel se repartieron los papeles. El primero hizo la intervención más dura contra el presidente del Gobierno al que acusó de engañar a los ciudadanos, mientras que el segundo se esforzó en trasladar la idea de que no se buscaba la confrontación con Cataluña y que desde la Comunitat y Murcia se era solidario con Barcelona y, se respaldaba el minitrasvase. «Barcelona está infartada y requiere atención inmediata», dijo Valcárcel. «Pero una vez resuelto el problema, hay que tratar a otro enfermo en potencia», continuó, con el mismo símil médico en alusión a las comunidades de Murcia y Valencia que, admitió, tienen problemas de «índole distinto y tiempos distintos, pero que no dejan de ser problemas». Así, exigió a Zapatero que retome la ley del PHN en su totalidad, si bien concedió que no se haga todo de forma «simultánea». «Primero, el infarto», señaló. El presidente murciano planteó también otra vía; reclamar para su región y la valenciana los derechos de agua adquiridos por los regantes del Ebro y generar bancos de agua, tal como ha hecho el Gobierno central para el abastecimiento de agua potable para Barcelona. Recordó que ambos están dispuestos a adquirir estos recursos, pero exigió la tubería.
En el aire, sin embargo, quedó la posibilidad de llevar al Congreso de los Diputados una propuesta por escrito para exigir el trasvase del Ebro, una iniciativa que el PP tendría dificultades para que la votaron todos sus diputados, al menos los de Aragón. Aunque Camps dijo que sí se contemplaban propuestas en las Cortes Generales no precisó ninguna y trató de desviar la atención sobre los conflictos internos que genera el agua en su partido hacia las propias filas del PSOE insistiendo en el silencio de presidente de Aragón. «Nosotros estamos en el mismo barco», afirmó.
«Tenemos la fuerza moral»
Camps incidió en que los ejecutivos valenciano y murciano tienen «toda la fuerza moral para exigir al presidente del Gobierno que recupere la totalidad del trasvase» por las reivindicaciones realizadas en los últimos cuatro años y las inversiones en ahorro y uso racional del agua. Aseguró que lo que se prevé para Barcelona estaba previsto en el PHN derogado hace cuatro años por Zapatero. «No tiene sentido derogar un todo y recuperar cuatro años más tarde una parte», indicó. Además, le echó en cara no haber consultado su decisión con la Comunitat, pese a ser parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
En este sentido, destacó la «gran paradoja de que aquellos que exigieron que se derogase un trasvase, hoy corren para que se ponga cuanto antes en marcha para solucionar un problema de escasez al área metropolitana de Barcelona». Y defendió que la obra sea permanente porque una inversión de 180 millones de euros que sale del «dinero de los impuestos de los españoles» no puede ser «provisional» ni se puede «dilapidar», y debe alcanzar los 180 hectómetros cúbicos previstos en el PHN.
Camps afirmó que la legislatura nace «trastocada» por una decisión que el presidente tomó «a escondidas» y «con mucha vergüenza» y que constata que fue «una atrocidad cargarse el trasvase del Ebro y, al final, alguien pagaría sus consecuencias».
