Jordi Ruiz, Castelló

Castelló y Teruel aprietan en la reivindicación conjunta de la autovía de Aragón. Ambas provincias están presionando para que el Ministerio de Fomento acepte que la futura A-68 aproveche el trazado de la carretera N-232 y salga al mar en Vinaròs. Dirigentes del PSOE preparan un nuevo acto reivindicativo para dentro de dos semanas en Alcañiz.

Municipios de las dos provincias vecinas están tensando la cuerda, conscientes de que está muy avanzado el estudio que encargó Fomento para determinar si la autovía discurre por Castelló o se va a Tarragona. Los ayuntamientos de Vinaròs, Morella y Alcañiz han impulsado una plataforma municipalista, a modo de grupo de presión, y han suscrito el llamado «Manifiesto de Morella», que pretenden extender otras instituciones en forma de moción. La campaña seguirá el próximo día 23 en la localidad turolense de Alcañiz, donde alcaldes, parlamentarios y dirigentes socialistas protagonizarán un nuevo acto reivindicativo.

La salida al Mediterráneo de la futura autovía de Aragón, A-68, ha abierto una pugna entre las provincias de Castelló y Tarragona. El itinerario de la autovía está definido hasta Valdeagorfa, en la provincia de Teruel. A partir de esta localidad se abren dos posibilidades: una hacia el sur, de 100 kilómetros, consistente en potenciar la N-232 que pasa por el norte de Castelló y muere en Vinaròs; y otra norte, de 120 kilómetros, que aprovecha la N-420 y acaba en Tarragona. El estudio que ha adjudicado el Ministerio, que va con retraso, con un presupuesto de 650.000 euros, tiene por objeto determinar qué opción es la mejor. Así, se tendrán cuenta variables como el tráfico actual y las previsiones futuras y el planeamiento urbanístico de los municipios afectados.

Polémica en Tarragona

En la provincia de Tarragona hace tiempo que han tomado conciencia de la importancia de albergar la salida de la autovía de Aragón, que tiene continuidad hacia el norte de España. De hecho, ha sido objeto de disputa entre los sectores socioeconómicos y políticos de la capital -que aspira a que su puerto canalice las mercancías aragonesas- y las comarcas del Ebro. Hasta tal punto, que ha tenido que intervenir el gobierno catalán, que ha propuesto una solución intermedia.

Desde la Generalitat valenciana no se ha oído reivindicar este vial con el empeño que se ha puesto en otras infraestructuras, como el AVE o el trasvase del Ebro.