El Síndic de Greuges ha seguido los pasos de la Fiscalía de Castelló y recabado la documentación precisa sobre el presunto delito contra la ordenación del territorio interpuesto por Iniciativa contra la empresa promotora de una central de energía solar en el termino de la Serra d´en Galceran. Así, el sindico pide al Consell y al consistorio que le entreguen toda la documentación del proyecto, auspiciado en 2005, que obra en su poder. Ello ha sido valorado por la portavoz de la formación Mònica Oltra, que lamenta el silencio del Consell como respuesta a sus preguntas en les Corts.
La medida se suma a la decisión del fiscal de Castelló de abrir diligencias de investigación penal contra el ayuntamiento, la empresa Valfortec SL y la Conselleria de Medio Ambiente. Las investigaciones tenderán a comprobar si hay delito en los hechos denunciados como son las obras iniciadas para instalar paneles solares en el paraje Volta, que afectan y destruyen a 9.000 metros cuadrados de suelo forestal.
Unas obras que, según la información facilitada por Iniciativa, se habrían empezado sin la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y sobre suelo forestal protegido. Cabe recordar que, tal como publicó Levante de Castelló, la Conselleria de Medio Ambiente paralizó las obras hace aproximadamente un año después de que la empresa impulsora del proyecto ya había arrasado los más de nueve mil metros cuadrados referidos de suelo forestal.
Un expediente «sin tramitar»
No obstante, transcurrido un año, la conselleria «todavía no ha tramitado el expediente y no ha obligado a reparar las agresiones cometidas. Es más, la empresa promotora ha hecho obras de consolidación de manera puntual», afirman desde Iniciativa.
Oltra lamenta la actitud obstrucionista del consistorio y el ejecutivo autonómico, lo que llevó a su formación a pedir amparo ante el Síndic y a la denuncia ante la fiscalía castellonense. Con ello, añade, busca «depurar las responsabilidades de las tres partes implicadas. Responsabilidades que podrían ir desde la prevaricación, contra la administración pública y delitos al medio ambiente, además de contra la ordenación del territorio. Pero será la fiscalía quien decida si inicia las diligencias de investigación penal».
