El equipo de gobierno de Vila-real ha tenido que redefinir el plan de usos que presentó para la biblioteca Pius XII tras una primera negativa del Gobierno autonómico al proyecto municipal que, a parte de la utilización de una parte de la superficie para fines bibliotecarios, reservaba espacio para la Aula de Recerca Assistida de Treball así como para la Confederación Empresarial de Castellón o Banco del Tiempo y la Fundación Globalis.
Ante la primera negativa, la nueva apuesta se centra en la creación de una biblioteca universitaria, que ya se recogía en el planteamiento inicial. En este sentido, la concejala de Educación de Vila-real, Rosario Royo, explicó ayer que desde el municipio se remitió esta nueva petición a finales de julio por lo que están a la espera de recibir el visto bueno de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
El objetivo es ampliar la utilidad de este edificio de más de 2.500 metros cuadrados para que funcione como "un centro del conocimiento y del estudio". La concejala de Educación apuntó que el hecho de que la ciudad sea subsede de la Universitat Jaume I de Castelló, acuerdo que en pocas semanas dará nuevos frutos, podría favorecer la aprobación por parte de la conselleria de esta nueva utilidad para el edificio.
En este sentido, Royo explicó que una parte de esta infraestructura funcionaría como biblioteca científica con material de consulta y con un servicio de préstamo similar al que se proporciona en la UJI, a modo de extensión. Además, apuntó la responsable municipal, la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Vila-real ya ha permitido acumular fondos documentales relacionados con la materia.
2,3 millones pendientes
El consistorio necesita el visto bueno de la Conselleria de Educación para poder realizar allí otras actuaciones de forma normalizada sin hacer peligrar el pago de los 2,3 millones de euros que la Generalitat se comprometió a abonar para la construcción de este edificio que tuvo un coste de 4 millones, asumidos por el consistorio.
En este sentido, desde el equipo de gobierno lamentaron que los responsables autonómicos no cumplan con su parte del convenio cuando el municipio sí está solicitando autorización acerca de estas instalaciones que actualmente resultan "inviables" tal y como se crearon.
