A rey muerto, rey puesto. Las cúpulas de la diputación y del PP de Castelló parece que han asumido esta máxima con la figura de Carlos Fabra, que durante dos décadas dirigió ambas organizaciones de forma férrea y con un respaldo inquebrantable. Las relaciones entre Fabra y la dirección de Javier Moliner son ahora más que distantes y la consigna del partido es ignorar la situación procesal del exlíder provincial. El círculo más cercano al exdirigente provincial tampoco ha salido a la palestra para arroparlo. Ni la vicepresidenta cuarta de la diputación y pareja sentimental de Fabra, Esther Pallardó, que ayer también rehusó hacer declaraciones.
El presidente de la diputación y del PP de Castelló, Javier Moliner, obvió valorar la condena judicial a su antecesor, ligó la resolución al ámbito personal y se limitó a declarar que recibió su petición de baja del partido por correo eléctronico. Asimismo, rechazó una posible solicitud de indulto al Gobierno, tal como han planteado 45 diputados del PP en las Corts con el exalcalde de Torrevieja, Augusto Hernández Mateo, y afirmó que este recurso es propio del siglo XIX.
«Creo sinceramente en que la figura del indulto es decimonónica y en el actual sistema, con la existencia de separación de poderes, lo que toca es acatar las decisiones de los jueces», sostuvo Moliner al finalizar el pleno de la diputación, quien con sorna señaló que Jesucristo se hubiera salvado hace 2.000 años si Barrabás no hubiera sido indultado.
Las palabras de Moliner cuestionan la línea de flotación de los años de mandato de Carlos Fabra. El expresidente provincial se vanaglorió de ser heredero de las formas caciquiles de su saga familiar, que empezó a dirigir los designios de la provincia a finales del siglo XIX. Moliner guardó silencio con el ruego del portavoz socialista, Francesc Colomer, en el que instaba a la diputación a reprobar a Fabra y se circunscribió a la valoración que realizó el día anterior en un comunicado, en el que informaba de la baja solicitada por Fabra, remitida a las 13.30 horas.
El presidente del Consell, Alberto Fabra, y la dirección nacional del PP también eludieron opinar sobre la condena de Fabra aduciendo que ya no ocupa un cargo publico. Esta falta de explicaciones fue criticada por el PSPV, que exigió su destitución del consejo de la Autoridad Portuaria.
