El Colegio de Procuradores de Castelló ha iniciado los trámites junto con la Audiencia Provincial y el Ayuntamiento de Castelló para aprobar un protocolo administrativo que establecerá los cauces a seguir en el caso de los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria.
«Los desahucios representan un problema que es preciso afrontar con el consenso», subraya la portavoz del Colegio de Procuradores de Castelló, Carmen Rubio. «Los desahucios no se van a paralizar y los procuradores estarán presentes en estos actos judiciales». En julio ya están previstos 82 desalojos (un 60% son ejecuciones hipotecarias) y algunos de ellos ya han tenido lugar.
Para evitar el drama humano que ocasionan los desahucios en la vivienda principal, el Colegio de Procuradores junto con el Ayuntamiento y la Audiencia Provincial, están trabajando en un protocolo que derive a bienestar social a aquellas personas que se queden sin vivienda, representando en estos casos un porcentaje poco significativo.
El objetivo de este protocolo es detectar el grado de necesidad de las personas y las familias que se ven obligadas a abandonar su vivienda en ejecución de una resolución judicial, de manera que se les pueda procurar un alojamiento alternativo, previa valoración de los Servicios Sociales municipales.
Está previsto que este documento esté consensuado entre las distintas instituciones a final de mes. Por ello, la Concejalía de Vivienda Social, Participación Ciudadana e Igualdad está trabajando para conocer la disponibilidad de los pisos municipales que servirían para realojar a las familias que lo necesiten. También estudia poner en marcha una bolsa de viviendas privadas.
