La piscina provincial de Castelló, propiedad de la diputación, cesó el lunes su actividad tras declararse insolvente la empresa a la que se adjudicó su gestión cuandos se inauguró en 2003 en tiempos de Carlos Fabra (Aiguagest SL). La firma se declaró en marzo en preconcurso y reclamó a la institución provincial el pago de 700.000 euros para tapar el agujero económico. La diputación rechazó esta propuesta alegando que este desequilibrio forma parte del riesgo de la propia empresa y las negociaciones se dieron por rotas. Esta circunstancia ha impedido evitar el cierre. El vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, y el diputado de Deportes, Luis Martínez, justificaron ayer que un rescate anterior podría haber comportado una causa judicial y demorado más la reapertura. Señalaron que la diputación no tenía más opción que esperar a la clausura de la piscina para tomar las riendas. Ahora, añadieron, el ejecutivo provincial asume la gestión de la piscina con la idea de reactivarla en los primeros días de septiembre, aseveraron los responsables provinciales.
Indicaron que para ello se contratará una empresa puente que gestione las actividades a lo largo de este año. Mientras, la propia diputación asumirá el mantenimiento. En este sentido, añadieron, un pleno extraordinario aprobará este jueves una modificado de crédito de 369.000 que sufragará el contrato de actividades de este ejercicio y los gastos de suministro. El nuevo contrato respetará las actuales tarifas y contempla el coste de actividades y de la plantilla de la antigua concesión.
De cara a 2018, la diputación, subrayaron, aboga por repetir la gestión indirecta pese al fracaso de la primera empresa; es decir, se adjudicará otro contrato con vistas al próximo ejercicio. Martínez explicó que cuando la empresa anunció sus problemas en marzo se le pidió que informara sobre una fecha de abandono y «se negó». «Ello impidió que hiciéramos una transición tranquila entre marzo y abril y adjudicar en agosto a otra empresa», destacó Martínez.
Como muestra de las malas relaciones entre diputación y Aiguagest, Martínez subrayó que esta última se opuso el lunes a entregar las llaves a la diputación y que han tenido que demandarlas a través del juzgado esgrimiendo el fin de la concesión y el posible deterioro de las instalaciones. Reiteró que un informe jurídico de la diputación estima inviable desde el punto de vista legal el abono de los 700.000 euros que solicita la empresa. Este hecho podría haber derivado en un delito de prevaricación por parte de la institución, según fuentes provinciales.
Sales acusó a la empresa de ser «desleal» con la propietaria de la piscina, usuarios y trabajadores.
Sobre los 40 empleados, la diputación sostuvo que la ley no permite subrogarlos y afirmó que mediará ante la futura empresa para que priorice la readmisión de los antiguos trabajadores.
«Globos sondas»
El ejecutivo provincial arremetió contra el ayuntamiento tras apuntar la posible asunción de la gestión de la piscina. «Han lanzado globos sondas, si tenemos que esperar un rescate del ayuntamiento dentro de un año no habríamos avanzado», espetó Sales, que afirmó que el consistorio no ha trasladado ninguna oferta formal, Asimismo, confrontó la actuación de la diputación con la piscina provincial con el cierre durante dos años de los quioscos de la plaza de la Paz.
