El Ayuntamiento de Castelló nombró en diciembre de 2016 al economista Juan Ángel Lafuente como director de la Oficina de Planificación Económica con el objetivo de gestionar los fondos europeos asociados a los programas EDUSI y que se acercan a los 20 millones de euros. El nombramiento causó malestar en las filas de Compromís y Castelló en Moviment, firmantes del Pacte del Grau con el PSPV, al considerar que la alcaldesa Amparo Marco no había sido transparente con esta designación, ya que fue anunciada a los socios en la misma Junta de Gobierno que aprobó su nombramiento.
Abierta la brecha, el Partido Popular quiso aprovechar la circunstancia para desgastar a Marco políticamente y forzó la convocatoria de un pleno extraordinario en el que pidieron la destitución de Lafuente.
En paralelo, el malestar de los socios de gobierno fue en aumento. Lafuente iba en la lista electoral de Amparo Marco como número 8, pero no quiso ocupar el acta que por turno le correspondía cuando renunció la concejal Carmen Oliver, a la sazón, número 7 en la candidatura. Los socios del PSPV consideraron «una falta de respeto» la renuncia al acta y la posterior aceptación del cargo, remunerado con casi 30.000 euros anuales más.
El pleno pidió la destitución de Lafuente pero la alcaldesa se enredó en la burocracia para hacerla efectiva; incluso el propio economista recurrió su cese. Para paliar la polémica e iniciar el proyecto, el ayuntamiento hizo una propuesta abierta, cuyos finalistas fueron otra vez Juan Ángel Lafuente y Carme Vilanova, Jefa de Sección de la Diputación de Castelló. El delatado de personal propuso a esta última para el puesto pero el presidente de la diputación planea rechazar la petición.
