El grupo municipal de Castelló en Moviment, junto con la eurodiputada Marina Albiol, en representación del grupo de la izquierda europea, denunciaron en una rueda de prensa el pasado 8 de febrero que este trabajo es una «copia y pega» y además no aborda los efectos sobre la economía local. Piden una rectificación, que la Cámara renuncio a los 21.800 euros y que el Ayuntamiento encomiendo un nuevo estudio realmente riguroso. La voluntad de la agrupación electoral, en palabras de Peñalver, «ha sido demostrar que el estudio no es aceptable. Por eso pedimos que el Ayuntamiento haga un estudio de nuevo, en este caso de forma rigurosa, y se pueda valorar bien el impacto que tendrá este tratado sobre la economía local, sobre los trabajadores y trabajadoras, así como sobre el medio ambiente».