Colea la actuación de la Policía Nacional el pasado domingo en el partido Castellón-Sant Andreu con un sector de aficionados del Sant Andreu. Al parecer, la Coordinadora Andreuenca sigue adelante con sus quejas y el tema podría llegar tanto al Parlamento de Catalunya como a las Cortes Valencianas, al Congreso y al Senado. Este grupo también pretende presentar una queja al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo. Y, además, ha convocado un acto de protesta en el minuto 17:14 del partido de este domingo en el Narcís Sala (19.00 horas). Se quiere que la afición local grite «Llibertat», en defensa de los derechos a la libertad de expresión.

Coordinarora Andreuenca celebró el jueves una comparecencia ante los medios de comunicación y allí denunciaron los hechos vividos el pasado domingo en el estadio Castalia, recalcando que fueron una clara vulneración de los derechos a la libertad de expresión. Recalcaron que fueron doce los aficionados del Sant Andreu que fueron expulsados del estadio por la Policía Nacional, aparte de tres que fueron «cogidos con violencia desde la misma grada», y que nueve más posteriormente fueron identificados y se les obligó a salir de la instalación. Así lo reconoció David Carmona, portavoz de la Coordinadora.

Este grupo recalca que la actitud de los seguidores, entre los que se encontraba el grupo ultra Desperdicis fue, en todo momento, «pacífica», y lamentan que se intentase requisar esteladas (al menos una seguía junto a la pancarta de Desperdicis una vez finalizado el encuentro) cuando hay sentencias judiciales que han dejado claro que no es un símbolo que incite al odio ni a la violencia y que, por lo tanto, su exhibición entra dentro de los parámetros de la libertad de expresión. La Coordinadora también negó que la intervención policial se debiera al lanzamiento de objetos a las gradas inferiores, tal y como apuntaron desde el domingo varios aficionados locales. «No hubo nadie que lanzara objetos, la intervención fue contra la estelada», dijo Carmona.

Desde la Coordinadora quieren denunciar el tema tanto al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, y además pedirán una reunión tanto del Parlamento de Catalunya como a las Cortes Valencianas, al Congreso y al Senado con el objetivo de que den su punto de vista.