El pleno del Ayuntamiento de la Vall d´Uixó formalizará en su sesión ordinaria de este miércoles la resolución del contrato de concesión para la construcción y explotación de la instalación deportiva conocida como Vallpala. Una resolución que también determina que la empresa Padel La Vall 2011 SL deberá abandonar las instalaciones en un plazo máximo de tres meses.
En concreto, la propuesta de acuerdo que el equipo de gobierno elevará ante el ayuntamiento en pleno recoge el requerimiento a la empresa «para que proceda al abandono de las instalaciones, sin altera el estado en el que se encuentran (...) en el plazo máximo de tres meses desde la notificación del presente acuerdo», según consta en el informe de la jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y Bienes del Ayuntamiento de la Vall d´Uixó.
Al mismo tiempo, el consistorio aprobará la incoación del expediente de liquidación, un extremo que se desarrollaría de forma separada al abandono de las instalaciones y que podría tener un largo recorrido administrativo e incluso judicial. De hecho fuentes del Ayuntamiento de la Vall d´Uixó no descartan que tanto la liquidación como la aprobación de la resolución del contrato de concesión se judicialice al no llegar a un acuerdo con la mercantil.
El ayuntamiento decidió iniciar el expediente de revisión de la concesión ante las irregularidades constatadas por los técnicos municipales respecto al pliego de condiciones en la época de la construcción de la instalación, bajo el mandato del exalcalde, Óscar Clavell.
A este respecto, las posibles deficiencias que se hubieran generado en la instalación deberían poderse afrontar con la fianza que el ayuntamiento exigió a la empresa por la concesión y que ascendía a 69.824,71 euros. Sin embargo, tal y como publicó Levante de Castelló, Clavell adelantó 30 años la devolución definitiva de la fianza a la empresa en contra del criterio de los técnicos municipales, por lo que el consistorio deberá disponer de una nueva partida económica para afrontar supuestas deficiencias.
La propuesta de resolución que se presenta al pleno de esta tarde cuanta con el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emitido el 25 de julio de 2018. El informe de deficiencias concluye que las modificaciones afectan «a la seguridad y peligrosidad del establecimiento» por afectar a los recorridos y a los medios de evacuación proyectados.
