Castelló en Moviment coincide en la necesidad de realizar una auditoria sobre las cuentas de la Junta de Festes que expone el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, González Cussac, en su informe jurídico sobre la comisión de investigación de la Junta de Fiestas. González Cussac recomienda una auditoría de los datos contables de la Junta de Festes de 2008 a 2016 «para concluir si hay o no delitos penales, unos datos que Castelló en Moviment solicitó por escrito al ayuntamiento en marzo de 2016, hace dos años y medio, y que todavía no se le han librado», explica el portavoz de CSeM, Xavi del Señor.
«Hace 30 meses que estamos esperando esos datos y no se nos facilitan, así que, con el refuerzo de González Cussac, pedimos a la alcaldesa, Amparo Marco, que pida al síndic de Comptes que realice esa auditoría que se recomienda para asegurarnos que accedemos a esa información», incide del Señor.
Según la formación municipalista, «el informe jurídico sobre el dictamen de la Comisión de Investigación de Fiestas reclama más información para concluir si hay o no indicios de delitos penales que trasladar a Fiscalía, aunque reconoce irregularidades en el funcionamiento de la Junta de Festes entre 2008 y 2016».
Castelló en Moviment recuerda que desde hace meses trabaja en un asesoramiento penal propio «por si hace falta que presentemos nosotros esa comunicación a Fiscalía», según Del Señor. «Pero también nos hemos encontrado -añade el concejal- con ese déficit de información en los movimientos bancarios para corroborar si hubo delitos; hace mucho tiempo que pedimos esos datos contables, pero hasta ahora no se nos han facilitado, por eso pedimos la intervención del Síndic de Comptes por petición del propio ayuntamiento con la solicitud de la alcaldía, pensamos que eso agilizaría el acceso a esos datos clave.
En cambio, para el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, «las conclusiones del dictamen y el informe jurídico de la comisión de investigación son rotundas y contundentes, no advierte responsabilidad penal en el periodo sometido a investigación, de 2008 a 2016». En su opinión, «este fallo ha supuesto un duro revés para quienes por todos los medios, y desde el primer momento acusaron de fraude a las asociaciones y criminalizaron el trabajo de los colectivos festeros».
Por su parte, el edil de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló, Manuel Paduraru, manifiesta que «desde Cs respetamos las conclusiones de los servicios jurídicos, pero no por ello dejamos de insistir en que estas se despoliticen para evitar más casos de este tipo». «Al final se ha demostrado que el voto particular de Cs en el cual se pedía trasladar a los juristas los hechos sin valoraciones ni tipificaciones de delitos era la opción más sensata», agrega Paduraru.
