La denuncia interpuesta por la madre de las dos niñas asesinadas por su padre en Castelló en la madrugada de este martes no sólo daba cuenta de las amenazas verbales contra las pequeñas, sino que, además, llegó a contar al menos un episodio de violencia contra una de ellas, la mayor, Nerea. Según el sobrecogedor relato de la madre ante la Policía Nacional en la madrugada del pasado 24 de febrero, esa agresión del padre a la niña se produjo el 31 de octubre del año pasado, tres meses después de que hubiera cesado la convivencia entre ellos y cuando ya estaban en trámites de divorcio.

Itziar, la madre de las pequeñas, explicó al agente que le tomó la denuncia que aquel día, después de que la pequeña, entonces de 5 años aún, hubiese asistido a una fiesta de disfraces para celebrar Halloween, se negaba a irse con su padre a casa, como habían fijado ambos progenitores en su reparto del tiempo con las niñas previo al convenio regulador del juzgado que llegaría el 13 de febrero de 2018. La pequeña, rememora su madre, «se puso a llorar en medio de una rabieta». En esa circunstancia, y «antes de entrar en la vivienda, Ricardo la cogió por la pechera del abrigo, la levantó en el aire y le pegó una bofetada».

La madre relató este episodio solo cuando el policía le preguntó, dentro del cuestionario estándar para valorar el riesgo para las víctimas, si Ricardo se solía mostrar violento con las niñas. La mujer, que había decidido denunciar por primera vez solo unas horas antes de esa comparecencia en comisaría, contestó inicialmente a esa pregunta que el padre «habitualmente suele tener autocontrol con ellas» y que la bofetada no le provocó lesiones.

Es, en realidad, el inicio del cuestionario. Unos párrafos más adelante, cuando la mujer sigue contestando a esa batería de preguntas, se aprecia cada vez más espontaneidad y riqueza de detalles en el relato, fruto, posiblemente, de una mayor relajación de Itziar. Y es en una de esas respuestas donde aclara que ese autocontrol del que hablaba con anterioridad se refería, solamente, a la violencia física que hubiese ejercido directamente sobre las niñas, pero no a sus explosiones de ira con ellas por testigo, que, según ella, se dieron con frecuencia en los últimos años de convivencia.

De hecho, finalizado el cuestionario, Itziar decide empezar a contar, de manera ya totalmente «espontánea», matiza el agente, el episodio en que Ricardo rompió parte de los muebles de la casa, incluido el carrito donde dormía de la menor de las hermanas, Martina, en ese momento de año y medio de edad.

El mismo en que la mayor, Nerea, de cinco y medio, le contaría a su madre cómo, en pleno estallido de furia del padre, cogió a la pequeña y se la llevó al pasillo de la vivienda, lejos de los gritos y de los golpes, «para protegerla».

Todo ello está contenido en la denuncia que Itziar interpuso aquel 24 de febrero, cinco horas después de que Ricardo, su exmarido, la amenazara en plena calle diciéndole «ya te puedes ir despidiendo de las niñas» y «tú sabes lo haces, ya estás sentenciada». La misma denuncia que no sirvió para convencer a la Jueza de Violencia sobre la Mujer de que tanto las pequeñas corrían un serio peligro si continuaban al lado de Ricardo, ya que la magistrada rechazó la orden de protección que habría obligado al padre a no acercarse a menos de 250 metros de las pequeñas argumentando que Itziar no había explicado razonablemente el miedo que decía sentir.

El reparto de los gastos

Respecto a las condiciones del convenio regulador, emitido por el juez de Primera Instancia número 7 de Castelló el 13 de febrero, provocaron, incluso, que el magistrado alabase la capacidad y esfuerzo de los padres por casar los horarios de ambos. Admite que es la madre quien lleva el peso tanto de la manutención de las niñas -les da la mayor parte de las comidas importantes del día-, así como de la crianza, ya que con ella pernoctaban 15 noches frente a las tres que dormían en casa del padre.

Ricardo había llegado a argumentar en varias ocasiones que el divorcio le estaba arruinando. De hecho, incluso había dejado de pagar tres mensualidades. Sin embargo, el convenio regulador establecía un reparto absolutamente equitativo de los gastos. Él, que cobraba alrededor de 1.700 euros y pagaba una hipoteca de 560, debía pagar 200 euros al mes por cada niña -fijados a partir Poder Judicial-; ella, que ganaba 200 euros menos que él, accedió a irse del domicilio conyugal y estaba pagando 500 euros de alquiler. Con esas cifras, no parece justificarse la situación de ruina económica que él alegaba ante sus conocidos o que justificase los impagos, ya que ambos habían quedado en una situación financiera pareja.