El Ayuntamiento de Castelló tiene ya en sus manos el proyecto que han redactado los técnicos del área de Patrimonio de la Conselleria de hacienda para reformar el edificio Borrull, una actuación que se ha demorado en el tiempo pero que ha dado ya un nuevo paso para poder ver la luz en los próximos meses.
La alcaldesa, Amparo Marco, ha confirmado esta mañana que los servicios municipales están revisando todos los detalles del proyecto para ver si se recogen todas las propuestas del consistorio, aunque reconoce que ella aún no ha podido analizarlo. Eso sí, ha resaltado como uno de los puntos irrenunciables por parte del ayuntamiento la habilitación, en alguna estancia del edificio, de una ludoteca para dar servicio a los ciudadanos que vayan con sus hijos a realizar gestiones en un inmueble que, una vez rehabilitado y puesto en marcha, acogerá diversas áreas municipales y autonómicas.
En este sentido, Marco confía en que no haya sorpresas y "dispongamos de un espacio que sirva a los vecinos para poder dejar a sus hijos e hijas si tienen que acudir a realizar algún trámite o consulta" en unas dependencias que acogerán, sobre todo, departamentos de carácter social. Así mismo, estará alerta sobre la accesibilidad del inmueble, para evitar los problemas que se encontraron con la reforma del Menador de la plaza Huerto Sogueros.
De momento no hay fecha para iniciar las obras, que se comprometieron a realizar este 2018, ya que se ha retrasado la entrega de un proyecto que debía haberse dado en verano, aunque aún se confía en que puedan comenzar los trabajos de rehabilitación antes de que acabe el actual mandato.
Lo que parece claro es que el antiguo edificio de la Audiencia, emplazado en la plaza Juez Borrull de la capital de La Plana, exhibirá, tras su remodelación, una fachada cubierta por una pieza de cerámica original, según recoge el proyecto.
Como se recordará, la administración autonómica y el ayuntamiento llegaron a un acuerdo para recuperar las instalaciones y destinarlas a oficinas públicas vinculadas a servicios sociales (políticas inclusivas y de igualdad) tanto del Ayuntamiento como del Consell. El acuerdo para la recuperación del inmueble con destino a dependencias públicas lo firmaron el presidente del Consell y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, en mayo de 2017.
El pacto entre los dos mandatarios socialistas incluye la cesión de la propiedad al consistorio, la redacción de un proyecto para su reforma por parte del Consell y la licitación de la obra. Hasta ahora sólo se ha ejecutado el paso intermedio.El convenio para la cesión de la propiedad aún no se ha ratificado por ambas partes y, obviamente, tampoco se ha licitado la obra. Este último aspecto, así como su coste de 12 millones de euros, competerá al ayuntamiento, que aún no ha definido la fórmula para asumirlos. La Generalitat, por su parte, participa aportando el edificio de su propiedad, valorado en unos 6 millones.
La superficie remodelada será de unos 12.000 metros cuadrados, de los cuales el 68% los utilizará el Ayuntamiento y en el resto se ubicarán servicios de la Generalitat.
El edificio que albergó toda la actividad judicial de Castelló hasta 2006 tiene una superficie de parcela de 1.739, 42 metros cuadrados, llegando la construida hasta los 11.679 m2. Los técnicos de la Conselleria de Hacienda lo valoraron en conjunto en 6.214.477 euros.Cuenta con un sótano, planta baja, entreplanta y cinco alturas más.
Su nula actividad tras el cierre en 2006 dejaron el inmueble en unas condiciones pésimas y un progresivo deterioro, que confieren al edificio un aspecto de abandono. Uno de los objetivos de la remodelación del inmueble es la dignificación del enclave una de las zonas más visitadas por los ciudadanos, por su emplazamiento en el centro de la capital.
