10 de noviembre de 2018
10.11.2018

Los juristas arrinconan más a Brancal al aclarar que investigado equivale a imputado

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), aprobada por el Congreso en diciembre de 2015, sustituyó un término por otro en la fase de instrucción - El abogado Enrique Galindo asegura que "ambas palabras tienen la misma naturaleza"

10.11.2018 | 00:25
Los juristas arrinconan más a Brancal al aclarar que investigado equivale a imputado

«Imputado» o «investigado». ¿Ambos términos significan lo mismo o son diferentes? ¿Uno es consecuencia del otro? La controversia sobre la figura bajo la que se encuentran la vicealcaldesa de Castelló, Ali

Como explica el abogado Enrique Galindo, del bufete Barrachina-Rivas-Galindo, «desde hace años que la palabra 'imputado' no existe. Se sustituyó por 'investigado', que se considera menos fea».

«Tienen razón (en alusión a Compromís) cuando dicen que Brancal no está imputada», advierte. Sin embargo, también aclara que «la palabra investigado es un término equivalente al anterior, posee la misma naturaleza. Cuando una persona está investigada es porque tiene abierta una causa, y eso le obliga a acudir con un abogado o una abogada al juzgado, ya que se le está investigando por unos hechos de naturaleza criminal», explica.

A finales de 2015 -en concreto, en diciembre- el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que modificó una de las normas más antiguas del ordenamiento jurídico- databa de 1882-. Entre las novedades, se reemplazaba el término «imputado» por «investigado» en la fase de instrucción, que pasaba a denominarse encausado tras el auto formal de acusación.

Por tanto, «estamos hablando de lo mismo», reitera Galindo, lo que pone en una situación más delicada a Brancal y Nomdedéu.

El juzgado número 2 de Castelló instruye diligencias desde hace meses tras la querella de Macián por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento.

A consecuencia del procedimiento judicial, tanto la vicealcaldesa como el secretario autonómico están investigados. Para la oposición en el consistorio -el PP y Ciudadanos-, es motivo más que suficiente para que la alcaldesa socialista Amparo Marco destituya a Brancal de su cargo.

No obstante, desde Compromís, y también desde la Junta de Gobierno Local, a través de su portavoz, Verònica Ruiz, se insiste en que la vicealcaldesa «está investigada, no imputada».

«Voy a ser muy sincera. Aquí se trata de una denuncia que hace una persona del PP, que es el portavoz adjunto, que tuvo una correspondencia que no le correspondía tener durante cuatro años. Que la prueba que pone en el juzgado no tiene remitente ni destinatario ni nada. Me parece todo una pantomima», subraya.

«Lo que está haciendo el Partido Popular es la envolvente, poner querellas a todos aquellos que les pueda provocar un perjuicio en las próximas elecciones porque lo están haciendo bien. Eso no es política. Si van al juzgado es que poco tienen que hacer. No hacen política para el pueblo, sino una cosa rastrera», prosigue Ruiz, quien tiene su propia teoría sobre la estrategia del citado Macián y el Grupo Municipal Popular.

Estrategia del PP


«Lo hace porque posiblemente él (Macián) esté muerto políticamente o el PP para las elecciones municipales. Lo que está claro es que nuestra vicealcaldesa no está imputada, sino investigada. Como estamos en la fase de instrucción, está en la condición de investigada, se tiene que deliberar para que luego determine el juez si hay causa o no», concluye.

Salvo que se produzcan novedades sobre el caso en las próximas semanas, la petición de destitución de Brancal se abordará, posiblemente, en el pleno ordinario del 29 de noviembre. Más cuando el pasado martes la secretaria del ayuntamiento, a petición del Partido Popular, dio a conocer un informe jurídico en el que, entre otras cuestiones, confirma que la vicealcaldesa tiene condición de «investigada». Según el Código de Buen Gobierno modificado en abril de 2015, cualquier caso relacionado con la corrupción política, como son presunta malversación y falsedad, obliga al afectado a dimitir.

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