El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló, Antonio Esteban Estevan, número de colegiado 318, corrobora que la situación de la vicealcaldesa, Ali Brancal, de «investigada» equivale a «imputada», vocablo este que se sustituyó por el anterior con motivo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada por el Congreso en diciembre de 2015.
«Estamos hablando de lo mismo. Investigada es un término más limpio. Antes, cuando se hablaba de imputada o imputado, parecía que lo hacía el juez cuando realmente era el denunciante. El juez no te imputaba de nada», explica Esteban.
En este punto, el decano de abogados reitera que la palabra «imputación» para definir la figura jurídica bajo la que se encuentran tanto Brancal como Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo (Compromís), por la querella del Grupo Municipal Popular, «no existe porque se sustituyó por la de investigado».
La vicealcaldesa y su antecesor en el cargo en el Ayuntamiento de Castelló declararon el pasado 11 de julio, en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana, por la querella del portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del propio consistorio.
Por esa situación de «investigada» la oposición -PP y Ciudadanos- ha solicitado al alcaldesa, Amparo Marco (PSOE-PSOE), la aplicación del Código de Buen Gobierno para destituir a Ali Brancal de su cargo.
El próximo 22 de noviembre, según un informe técnico de la Secretaria del General del Pleno, a petición del PP, la vicealcaldesa debería dar explicaciones ante la Comisión Permanente de Pleno de Gobierno Abierto y Participación, órgano que curiosamente ella misma preside. En ese documento, la funcionaria asegura que Brancal tiene condición de «investigada».
El código ético de Castelló en Moviment habla de cese por imputación
Castelló en Moviment (CseM) sigue sin pronunciarse abiertamente sobre la situación de la vicealcaldesa como «investigada» a pesar de que en su código ético, que se puede consultar en la web www.castelloenmoviment.org, habla de renuncia o cese en un caso de imputación.
Según el artículo 3.6, se establece el «compromiso de renuncia o cese inmediato de todos los cargos si se produce una imputación por parte de la judicatura por delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».
«De igual manera en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los derechos humanos o contra los derechos de las personas trabajadoras», concluye dentro del capítulo «Supresión de privilegios y medidas contra la corrupción».
