Los ondenses y otros agricultores de las poblaciones de la Serra Espadà se van a tener que desplazar hasta Vila-real para realizar los trámites que hoy realizan en la oficina agraria de la calle Cervantes del centro de Onda.
La Conselleria de Agricultura quiere implantar un nuevo modelo de oficinas que reactiven el sistema público actual y con una nueva gestión del medio rural valenciano, por ello ha anunciado una reestructuración de las Ocapas (Oficinas comarcales agrarias).
La oficina de la calle Cervantes tramita documentación y solicitudes de ayudas a los agricultores, subvenciones europeas, programa de jóvenes agricultores y otras iniciativas derivadas de la Política Agraria Común (PAC).
Aunque de manera natural se asocia la Ocapa al cultivo de la naranja, estas instalaciones también asisten asistía la tramitación a todo tipo de cultivos y al sector de la ganadería. En el caso concreto de Onda abarca su término municipal pero también gran parte de poblaciones de la Serra Espadà.
La oficina de Onda se enmarca en la 'AFA nº2 Les Planes de Castelló i Millars' y, según las cifras de Consellería, la oficina central de Vila-real tendría 4 trabajadores más al cerrarse las periféricas. Los pueblos que perderían su sede actual serían la oficina de Onda, en la que trabaja una persona, y Torreblanca. Vall d'Alba continuaría con 9 trabajadores, Vila-real pasaría de 10 a tener 20 y Llucena y Vall d'Uixó perderían un trabajador pero se mantendría la oficina.
Desde la Conselleria explicaron en un comunicado que la medida de agrupar sus instalaciones supone «una reforma estructural e instrumental y que responde a una adaptación necesaria a la realidad actual de un territorio definido por unos determinados núcleos urbanos vertebradores y unas nuevas vías de comunicación más rápidas y modernas». Con este método, la administración apuesta por «un sistema de calidad por economía, para mejorar el servicio al usuario externo y para ser más competitivos».
Crítica del PP
El Partido Popular de Onda criticó la decisión e indicó que esta medida supone «un alejamiento de la administración del vecino de a pie y una pérdida de la capitalidad» para la localidad. Además tildó la medida de «injustificable». Carmina Ballester, portavoz de los populares, instó «al alcalde y sus socios de gobierno a defender Onda y sus intereses».
