La sala de lo contencioso administrativa del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas del importe de 18 milones de euros del canon que estableció un decreto del Gobierno de 2014 que abarcaba al abono de 2015. La resolución considera "inconstitucional" algunos preceptos del real decreto que fijó el concepto de mantenimiento, encargado a Enagás Transporte SAU, con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista. El Alto Tribunal falla a favor de la patronal catalana Cecot. La organización empresarial también tiene recurridos los decretos de 2016, 2017 y 2018. Si estas resoluciones van en la misma línea, el Estado tendrá que devolver 200 millones a los consumidores.

La organización empresarial catalana inició en 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico Castor que no se ha llegado a poner en marcha. La cuantía de la compensación es de 1.350 M de euros que los consumidores de gas debían abonar en su factura del gas en próximos 30 años. El Tribunal Constitucional ya anuló en 2017 la indemnización de 1.350 millones al cuestionar la celeridad con la que el Gobierno aprobó el decreto.

A finales de abril de 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350m de euros en compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En 2017 el TC avaló la decisión de la Eurocámara, lo que ha que constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las diferentes Órdenes Ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal constitucional.

"Consideramos que el almacén Castor constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo en que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha ", reafirma Antoni Abad, presidente de la Cecot," la industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas ".