Eduardo Ranz Alonso, asesor del Ministerio de Justicia, que dirige la socialista Dolores Delgado, aseguró ayer en Castelló que no existe ningún impedimento legal para retirar la cruz de los caídos, levantada en 1944 en el parque Ribalta de la capital de La Plana. Ranz, abogado y doctor en procesos legales sobre Memoria Histórica por la Universidad Carlos III, remarcó que la cruz es un «vestigio de exaltación franquista, y no religioso» y, por tanto, susceptible de ser retirado, si está catalogado como tal y una vez cumplimentados los preceptivos informes, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 y la normativa de la Generalitat valenciana sobre la materia.

El experto subrayó, además, que los concejales de la corporación no incurrirían en ninguna responsabilidad penal en caso de dar el visto bueno a la retirada de la estructura.

Eduardo Ranz participó ayer en las XVI Jornadas de Memoria Histórica, organizadas por el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Castelló, bajo el epígrafe «La Creu del Parc Ribalta: un monument franquista».

Junto al asesor del Ministerio de Justicia, en las jornadas participaron el alcalde de Callosa del Segura, el socialista Francisco Macià, y Antoni Llorente, teniente alcalde de La Vall d'Uixó, de EUPV, quienes relataron el trámite y, en paralelo, las reacciones sociopolíticas que acarreó en sendas poblaciones la retirada de sus respectivas cruces de los caídos. «La retirada [de las cruces] es ante todo una voluntad política», coincidieron el regidor de la localidad de la Vega Baja y el edil de La Vall d'Uixó. El acto también contó con la intervención de Marisa Saavedra, en representación del colectivo «Xarxa cristiana», quien abogó por la retirada de la cruz.

Eduardo Ranz fue el encargado de abrir la jornada con la conferencia «Vestigios franquistas. Marco jurídico». El abogado comenzó su intervención resaltando primero que «la retirada de toda la simbología franquistas que nunca debió estar presente es un ejercicio de dignidad democrática». Ranz indicó que el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 prevé que toda simbología de exaltación franquista catalogada como tal (cruces de los caídos, nombre de calles, de colegios, de pueblos, escudos, etc) debe ser retirada por iniciativa de la administración, si están en espacios públicos, o bien instando a que lo hagan las entidades a las que pertenecen. «La cruz de los caídos de Ribalta no es propiedad de la iglesia, es un símbolo franquista, y no cristiano, por tanto una vez incluida en el catalogo se puede iniciar el proceso para su retirada», explicó. El experto concluyó indicando Ley de la Memoria Histórica no pretende «abrir heridas, al contrario, persigue restablecer la dignidad y cerrar una herida que lleva abierta 80 años»..

A la jornada asistió la concejal de Cultura, Verònica Ruiz, quien el viernes recibió por parte de junta de gobierno la delegación para iniciar el expediente de retirada de la cruz.