28 de diciembre de 2018
28.12.2018

Orpesa obliga a dos arquitectos a pagar una indemnización por dar una licencia ilegal

Otorgaron una licencia para construir un edificio que se derribó tras una sentencia del TSJCV que anulaba los permisos

27.12.2018 | 22:47

El Ayuntamiento de Orpesa ha cerrado el expediente de responsabilidades por el derribo del edificio Portomar, cuya licencia anuló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 2008 por irregularidades urbanísticas.

El informe concluye que la responsabilidad de la anulación recae sobre los dos arquitectos municipales que informaron favorablemente al otorgamiento de las licencias. Por ello, el consistorio les ha requerido al pago de los 169.200 euros de la indemnización para resarcir a la constructora, cuyo importe pagarán al 50%, al considerarles responsables de una «conducta negligente grave» que supuso una «lesión a la economía municipal».

La empresa constructora solicitó en 2002 una licencia de obras para la construcción de tres viviendas y garajes en el complejo Portomar de la playa de la Concha. Los primeros informes municipales detectaron varias deficiencias e instaron a denegar el otorgamiento de la licencia. Los vecinos también recurrieron desde un primer momento.

La denegación de la licencia hizo que la constructora presentara un recurso que propició en 2004 el cambio de criterio de los arquitectos. «Se ha aportado documentación para justificar la solución adoptada. La documentación consta de copia de la escritura de obra nueva y planos modificados de la cubierta del edificio. Por lo tanto, visto el expediente, el edificio cumple todos los parámetros urbanísticos de la zona», dictaminó el informe, firmado por los dos arquitectos tras las modificaciones hechas por la constructora. No obstante, el TSJCV dio finalmente la razón a los vecinos y anuló la licencia en 2008. El edificio fue derribado en 2010.


Requerimiento al consistorio

Tras el derribo, el Ayuntamiento de Orpesa fue requerido en 2016 al pago de una indemnización a la constructora , que consideraba lesionados sus derechos. Compromís exigió entonces un expediente que ha terminado derivando la responsabilidad a los dos arquitectos.

«No es posible que la administración no actúe en casos en los que, como este, si nos quedamos de brazos cruzados hubiera pagado la indemnización el ciudadano», aseguró Josep Lluís Romero, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Orpesa.

El equipo de gobierno no quiso realizar declaraciones al respecto. El expediente fue ratificado este mes por la junta del gobierno local.

«Pese a haberse denegado la licencia en un primer momento y haberse conocido que había una fuerte controversia con los vecinos y sin que el recurso ofreciera argumentos sólidos para el cambio de criterio, se informó favorablemente la licencia sin justificar el cambio de criterio», se lee en el expediente, que concluye que «se infiera la existencia de un evidente nexo de causalidad entre la actuación de los arquitectos y el daño causado a las arcas municipales». Agotada la vía administrativa, los técnicos disponen de un plazo para llevar esta resolución a los juzgados.


Indemnización del Bernat

La junta de gobierno local también acordó ejecutar la indemnización de 1,5 millones de euros que recibirán los vecinos de la urbanización Los Rosales en el marco del convenio que suscribió el consistorio para salvar el edificio Bernat del derribo, después de que el TSJCV anulara su licencia y dictara en 2011 su demolición. El consistorio, los vecinos que denunciaron las licencias y los propietarios del Bernat llegaron en 2013 a un acuerdo para salvar el derribo de este edificio de 127 apartamentos ubicado en la playa de Morro de Gos.

Los vecinos denunciantes recibirían una indemnización de 1,5 millones de euros y el consistorio legalizaría la situación del inmueble con una modificación puntual del , que se dio en enero de este año.

El TSJCV aceptó estos condicionantes y ratificó el cumplimiento de la sentencia de derribo mediante este convenio a tres partes, tal como informó el pasado mes de junio el equipo de gobierno. Una vez homologada la sentencia, el último paso era hacer frente a las indemnizaciones. La junta de gobierno local aprobó este mes las compensaciones económicas que ponen fin al conflicto del Bernat.

Cabe recordar que paralelamente el consistorio está confeccionando un expediente de responsabilidades, también a petición de Compromís.

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