El Partido Popular parece decidido a buscar rédito político en la causa abierta en un juzgado de Castelló por la presunta trama de facturas falsas en la Subdelegación de Castelló que afecta como investigado, entre otros, al que fuera subdelegado en el periodo 2007-2011, Antonio Lorenzo. Y el paso adoptado es personarse como acusación popular en la causa que llevó al socialista Lorenzo a dimitir el pasado 1 de febrero como segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castelló, concejal de Hacienda y portavoz del PSPV en la Diputación Provincial. La investigación está centrada en posibles delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos en la Subdelegación de Castelló en el periodo 2007-2017, que podría tener un valor de un millón de euros y que afecta principalmente a dos funcionarios y una treintena de empresarios.
El PP ha dado un giro así a su estrategia en apenas una semana, todo enmarcado en el convulso ambiente político que vive el país con la cargada agenda electoral que se asoma en el horizonte, centrada en las elecciones generales y autonómicas del 28 de abril y en las municipales y europeas del 26 de mayo. El pasado martes 26 de febrero presentó formalmente una petición de pleno extraordinario al considerar necesario que se aprobase la creación de una comisión de investigación que indagase en algunos de los procesos de adjudicación en los que trabajó Lorenzo como concejal. Y es que el PP sembró «sospechas de irregularidades» sobre el exconcejal socialista en el ayuntamiento, sin aportar más pruebas, vinculándolo con su investigación en el juzgado por la causa de la Subdelegación.
El equipo de gobierno, de hecho, ya había decidido este lunes convocar para mañana jueves 7 de marzo, a las 9.30, el citado pleno extraordinario, si bien con las dudas de la alcaldesa, Amparo Marco, sobre las conclusiones finales de tales investigaciones, aludiendo a que el PP, y el resto de partidos, «siempre han tenido acceso a todos los expedientes» sobre los que sembraba dudas el Partido Popular, como son el contrato de suministro de chalecos antibala para la Policía Local, la adjudicación de linternas y mochilas para el citado cuerpo o la gestión del proceso de selección del director de la Banda Municipal de Música.
La sorpresa vino ayer con la retirada de la petición de pleno, centrada en argumentos sobre las escasas posibilidades de poner en marcha, por cuestión de tiempo, la citada comisión de investigación. Así, según el PP, «hemos tenido acceso al dictamen de la Secretaria General del Pleno y, analizado su contenido y lo extenso de la documentación a analizar e investigar, resulta materialmente imposible si quiera que la comisión eche a andar antes de la convocatoria de elecciones municipales». Justifican también la imposibilidad de activar la citada comisión con el adelanto de las elecciones autonómicas. Con ello, para el PP «daba igual» que los miembros de la comisión plenaria prevista para ayer -previa al pleno que debía desarrollarse mañana- «votaran a favor o en contra puesto que hubiera sido una comisión condenada de inicio a llegar a una vía muerta».
Por otro lado, según explican por medio de un comunicado, reconocen que «toda la documentación que se iba a pedir investigar y analizar en dicha comisión ya había sido solicitada en las sucesivas comisiones de estudio celebradas, sin que se haya facilitado la misma, en algunos casos desde hace varios meses». Y pese a todo, confían en que, «gracias a la elaboración del dictamen de la Secretaria General del Pleno, se nos pueda facilitar, en contra de lo que ha ocurrido hasta la fecha».
Con todo este contexto, la sorpresa, recogida en el párrafo final del comunicado, es la decisión del Partido Popular de personarse en la causa «como acusación popular». Dan este paso -aseguran- «con el objetivo de contribuir en la defensa de los legítimos intereses de los castellonenses y de «contribuir a la recuperación del dinero presuntamente defraudado». Y todo ello «después de conocer de la mano de los medios de comunicación informaciones referentes a un posible fraude y malversación en esta institución en los que se habrían sustraído fondos públicos por valor de un millón de euros de todos los castellonenses durante la gestión de Antonio Lorenzo Górriz como subdelegado del Gobierno en Castellón».
"Postureo electoral"
Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Rafa Simó, cuestionó ayer el «postureo electoral» del PP tras solicitar la retira del pleno. «Los populares están desnortados, no tienen ningún modelo de ciudad, se limitan a generar titulares de prensa para provocar ruido y crispación». Simó considera que esta anulación del pleno responde a la «inconsistencia» de su planteamiento «porque se han dado cuenta de que las contrataciones se han realizado con arreglo a la norma». Y añadió que «parece que,ante la convocatoria de las elecciones autonómicas, la señora Bonig ha impedido desde Valencia la celebración del pleno, porque no interesa un debate en el que se divulguen, aún más, los casos de corrupción que afectan al PP».
