La asociación Patim atendió el pasado año a un total de 1.737 personas, según los datos recogidos en la memoria de la entidad solidaria. El documento fue presentado ayer en las instalaciones del Menador de la capital de La Plana, con la presencia de Azucena Martí, Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. La primera conclusión de la memoria es que el número de personas con problemas por adicción al juego sigue avanzando y el número de personas en tratamiento por juego on line supera por primera vez a los jugadores de las clásicas máquinas tragaperras.
Previamente a la presentación de la estadística de la memoria, la presidenta de honor de Patim, Carmen Pérez, impuso la distinción de esta entidad a la delegada del Plan Nacional Sobre Drogas en reconocimiento a la trayectoria profesional de Martí. Martí, por su parte, resaltó la labor del colectivo en esta campo que, a su juicio, se ha convertido en un «referente nacional». La Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, explicó que una de las principales líneas de actuación en el ámbito de la prevención es que «se están seleccionando programas con evidencia científica sobre el juego para su promoción en todo el estado».
El presidente y director técnico de Patim, el sociólogo, Francisco López Segarra, resaltó la «rentabilidad social» del trabajo que realiza el colectivo que acaba de cumplir su 34 aniversario. López Segarra subrayó que, de acuerdo a un estudio de la Universidad Jaume I de Castelló, la rentabilidad social de Patim multiplica por cinco la inversión que realiza el colectivo, «es decir, por cada euro que invertimos devolvemos cinco a la sociedad», puntualizó.
Juego, cannabis y cocaína
La memoria de Patim refleja que la principal causa de intervención en su centro de día es la adicción al juego (36%), seguida por el cannabis (26%) y la cocaína (25%). Y por primera vez, la demanda de tratamiento del juego on line (42%) ha superado a las máquinas tipo B (38%), según recoge un comunicado de la ONG.
El perfil general de esta tipología de pacientes es el de un hombre de 41 años, casado, con estudios secundarios completos y con trabajo. El 53% se encuentran activos laboralmente, lo que pone en evidencia la elevada compatibilidad del trabajo con el abuso del juego. En cuanto a la formación, del total de casos atendidos el 46% han finalizado la segunda etapa de formación secundaria o tienen estudios universitarios. Uno de cada tres pacientes atendidos tiene más de 30 años.
A pesar de que los casos de juego continúan aumentando, al sumar los datos recogidos por todos los centros de Patim -comunidad terapéutica, centro de día y tres pisos o viviendas de inserción- la cocaína se mantiene con la causa principal de tratamiento (38%), aunque las adicciones sin sustancia (juego) se afianzan detrás y representan el 28,6% del total de casos atendidos, dice el comunicado. A continuación se sitúa el cannabis (18,5%). «Además de todos estos datos nos preocupa que tras 4 años vuelven a aparecer casos de heroína (3%) en centro de día ya que hasta ahora aparecía siempre asociada al consumo de cocaína», dijo la coordinadora de programas, Inmaculada Galmés.
Patim ha atendido a .1737 personas y 125 familias en el último año. Se ha registrado un aumento de casos en el área asistencial (+51% respecto al 2017) y en Integración Sociolaboral (+72%). La entidad ha desarrollado 25 programas distintos en 2018, principalmente dirigidos a personas con adicciones tóxicas y no tóxicas, VIH, familias y mujeres con adicciones (52%), pero un porcentaje importante del total (48%) están dirigidos a otros colectivos específicos como jóvenes y parados de larga duración. «Un 35% de los programas no ha recibido ningún tipo de financiación para su desarrollo pero ha alcanzado a una población de 752 personas, lo que supone un 44% de las personas atendidas», concluyó Galmés.
En cuanto a los programas de tratamiento en conductas violentas y de educación de nuevas masculinidades, que se realizan dentro de los centros penitenciarios de Castelló, el perfil es el de un hombre, mayor de 26 años, separado o divorciado, con hijos, que ha finalizado estudios primarios, ha sido consumidor de cocaína y alcohol y se inició en el consumo hacia los 15 años.
La 'criminalización' laboral de las adicciones
En acto de presentación de la memoria de Patim también intervino el catedrático de derecho del trabajo de la Universidad de Jaén, Cristóbal Molina, quien ofreció una conferencia sobre el tema «Adicciones y empleo». El docente reclamó un cambio en la legislación laboral, y en concreto en el Estatuto de los Trabajos, ya que es el único ámbito en el que «sigue criminalizando» la drogodependencia, en contradicción con la filosofía general que ve esta cuestión bajo el prisma de «la salud pública y los derechos humanos», puntualizó.
Cristóbal Molina, afirmó que en el mundo laboral, la mayor parte del tratamiento de las adicciones es de «carácter disciplinario» en los convenios laborales y aboga por un cambio integral de esta normativa. «La empresa tiene que dar oportunidades porque el trabajo es un factor de riesgo pero también de protección para las personas vulnerables, siempre que se afronte de forma adecuada (?) porque si reducimos los factores previos se reduce la prevalencia del consumo», advirtió.
El catedrático lamentó que la regulación laboral no se haya contagiado de los cambios que se han introducido en la legislación sobre consumo, construyendo sus respuestas desde el ámbito de la salud pública y los derechos humanos. «Eliminar la criminalización en el ámbito laboral debería ser un objetivo de esta legislatura», insistió..
En este apartado,el presidente de Patim, Francisco López Segarra, remarcó la necesidad de modificar el estatuto de los trabajadores para que las adicciones no sean una causa de despido sino de tratamiento. «La tecnología es un elemento preocupante porque si los jóvenes que ya tienen un uso problemático van a empresas digitalizadas hay que establecer políticas de usos razonables para que sus vidas profesionales y personales no se vean amenazadas», puntualizó. Y reiteró « que es una obligación de la sociedad proteger a los menores del abuso de las nuevas tecnologías. Tenemos que revisar lo que estamos haciendo en prevención porque creo que no estamos logrando los objetivos que nos habíamos marcado».
