21 de enero de 2012
21.01.2012

Un pleito del exalcalde contra un perito judicial le cuesta ahora 44.000 euros en costas a Calp

Joaquim Tur promovió la denuncia contra el arquitecto que valoró el perjuicio que el ayuntamiento ocasionó a una familia al ocupar ilegalmente su terreno

21.01.2012 | 01:00
El exalcalde Joaquim Tur.

La estrategia del exalcalde de Calp, Joaquim Tur, del Bloc, de cargar contra el perito judicial que valoró el perjuicio que sufrió una familia de Calp al ocuparle el ayuntamiento ilegalmente durante tres años un terreno, se ha revelado del todo equivocada.
El juzgado de primera instancia número 6 de Alicante ya tumbó la reclamación de responsabilidad contra el perito (es arquitecto). Tur, que entonces era alcalde, pretendía que este arquitecto indemnizara con 335.775 euros al ayuntamiento.
El consistorio recurrió y la Audiencia Provincial confirmó que no había lugar a la reclamación. Y ahora esa estrategia se ha vuelto contra el propio ayuntamiento.
Las sentencias han devenido firmes y condenan al consistorio en costas. Los honorarios del abogado y procurador del perito judicial ascienden a 43.664 euros. Pero Tur ya no está ni en la corporación (no logró representación en las últimas elecciones). Al actual equipo de gobierno (PP e Independents de Calp-Els Verds) le tocará abonar las costas de un juicio que no ha ido a ninguna parte.
Cuando Tur decidió exigir responsabilidades a este arquitecto designado por el juzgado para tasar el rendimiento económico del terreno, tenía como socio de gobierno a Javier Morató, quien le había dado la alcaldía en una moción de censura contra el anterior alcalde socialista Luis Serna. Morató, además, fue el alcalde (entonces estaba en el PP) que ordenó que se ocupara este terreno. Esa decisión le salió muy cara al ayuntamiento. El suelo era privado y la familia propietaria acudió a los tribunales. El TSJ condenó al consistorio a indemnizarla con 594.250 euros.
El entonces alcalde del Bloc dijo en un pleno que la tasación del arquitecto era "errónea" y avanzó que le pediría responsabilidades en el juzgado. En la denuncia contra el perito judicial, se indicaba que su actuación profesional había sido "arbitraria y negligente". Había valorado el rendimiento del terreno, que está en la partida Ràfol y en el que Javier Morató instaló la carpa de ferias y eventos, como si se tratara de un aparcamiento. Mientras, el arquitecto municipal basó su tasación en que allí se podía instalar un almacén y fijó el perjuicio causado a la familia en 258.475 euros.
El TSJ consideró que la tasación del perito judicial era la buena. Mientras, los propietarios del terreno se habían ido por las nubes. Pedían 913.770 euros.
Así pues, la ocupación ilegal de esta finca y los tropiezos y torpezas judiciales le están saliendo muy caros a un ayuntamiento que, para colmo, está endeudado hasta las cejas. Además, este asunto de la carpa no termina aquí. El Tribunal de Cuentas está investigando esta ocupación ilegal y la extraña recalificación de esta finca que realizó Javier Morató cuando era alcalde.

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