29 de junio de 2012
29.06.2012

Alberic rescinde el contrato del agua pese al dictamen negativo del Consell Jurídic

El secretario dice que la entrada de capital privado en Egevasa desvirtúa la cesión del servicio del ayuntamiento

29.06.2012 | 04:02

La estabilidad económica del Ayuntamiento de Alberic se sustenta sobre los ingresos que pueda generar la nueva contrata del agua potable y el equipo de gobierno tiene previsto aprobar hoy la rescisión del vínculo con la empresa que presta el servicio desde 1994 para licitar de nuevo la gestión, a pesar de que el Consell Jurídic Consultiu ha emitido un dictamen negativo al considerar que no concurre en este caso la causa de resolución alegada por el consistorio. El gobierno municipal estaba a la espera de recibir la respuesta del CJC a la consulta elevada sobre la rescisión del contrato con Egevasa para resolver el expediente iniciado, que hoy retomará con un acuerdo declarando la extinción a pesar de que este dictamen, preceptivo pero no vinculante, es contrario. El equipo que encabeza Toño Carratalá se apoya en un informe del secretario municipal que realiza una interpretación diferente que avala esta decisión.
La coalición formada por los críticos del PP y CVa estima en 1,7 millones de euros los ingresos que puede obtener el ayuntamiento con un nuevo contrato del agua potable y se aferra a esta licitación para devolver el equilibrio a las cuentas municipales ya que, si se cumplen las previsiones, permitiría borrar de golpe el déficit que se arrastra del año anterior. Esta contrata es uno de los pilares del plan de ajuste aprobado para acogerse al plan de pago a proveedores arbitrado por el Gobierno central.
El ayuntamiento interpreta que la entrada de un socio privado en Egevasa con una participación del 49%, una operación que se remonta al año 1999, modifica la personalidad jurídica de la empresa y es contraria al espíritu de la encomienda de gestión del servicio que se basó "en la naturaleza jurídico-pública de Egevasa", ya que el ayuntamiento cedió la gestión del agua potable "a una empresa pública 100% de la Diputación de Valencia".
Un informe de la oficial mayor del ayuntamiento fechado en 2010 abrió la puerta a la rescisión del contrato, que el gobierno salido de la moción de censura decidió impulsar para generar unos sustanciosos ingresos que ha estimado en 1,7 millones de euros, tomando como referencia el canon percibido por otros ayuntamientos del entorno más pequeños incluso que Alberic.
No obstante, este expediente debía pasar el filtro del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Su dictamen, tras señalar la necesidad de distinguir entre personalidad jurídica de una empresa y su capital, concluye que la alteración de este último "no supone la extinción de la persona jurídica".

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