El coche municipal de Murla, un pueblo de 60o habitantes del interior de la comarca, hace kilómetros por un tubo. La diputación de Alicante se lo cedió al ayuntamiento para que inspeccionase las infraestructuras agrícolas y los caminos rurales, pero lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Numerosos vecinos, según asegura el PSPV, han visto cómo la alcaldesa, Fina Roca, del PP, se desplaza en ese vehículo, que conduce un chófer que es cargo de confianza, a los supermercados de pueblos próximos y a la peluquería. Los socialistas ya hace tiempo que denuncian ese uso privado del coche oficial. En un pleno del anterior mandato, le preguntaron a la propia Roca, que es alcaldesa desde 1999, y ésta reconoció que sí, que había ido en el vehículo municipal a la peluquería.

Ahora el PSPV ha puesto en conocimiento de la presidenta de la diputación de Alicante, Luisa Pastor, ese curioso uso que se da al coche municipal. El portavoz socialista, José Pons, traslada a Pastor que, "por parte de varios vecinos se ha denunciado ante esta formación que la alcaldesa utiliza el coche oficial junto con el chófer para ir a la peluquería, de compras a los pueblos de alrededor y para asuntos de agricultura" supuestamente también privados.

En el escrito dirigido a la presidenta de la diputación, el edil del PSPV califica de "absolutamente reprobable e inmoral" que un vehículo municipal se empleé para "asuntos personales" en un momento de grave crisis económica en la Comunitat Valenciana en el que hay que medir muy bien cómo se administran los recursos públicos. El PSPV reclama a Luisa Pastor que "llame al orden" a la alcaldesa y le deje claro "el uso legal que debe tener el coche municipal".

Los socialistas también pidieron al secretario municipal un informe jurídico sobre el fin para el que la diputación cedió el vehículo al ayuntamiento. En su momento, el ayuntamiento y el organismo provincial firmaron un convenio de mejora de infraestructuras agrícolas y el coche debía servir para que el consistorio atendiera "las necesidades de la población en lo relativo a inspecciones de infraestructuras agrarias, caminos rurales, así como otras demandas paralelas". Así se precisa, de hecho, en el dictamen que el secretario firmó el pasado 28 de junio.