La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia del grupo municipal socialista contra el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, por "incumplir" la Ley de Contratos del Sector Público y los principios de publicidad y concurrencia en la adjudicación del proyecto del nuevo Auditorio -sede del Centro Musical Paternense-, pues se hizo sin que mediara un concurso público.
El portavoz y secretario general del PSPV, Juan Antonio Sagredo, solicitó el pasado de 7 de junio al Ministerio Fiscal que actuara para determinar si el popular Agustí podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
Más de 456.000 euros
La Fiscal-Jefe de la Fiscalía ha decretado la apertura de la investigación con la designación de un fiscal instructor, según el decreto de 24 de junio, para que asuma la investigación del expediente de la adjudicación por 456.470,85 euros de la asistencia técnica para la redacción del proyecto del auditorio y escuela de música al Estudio de Arquitectura de Paterna.
El primer contrato fue suscrito, en marzo de 2009, por la empresa pública Sumpa, que el año anterior había convocado un concurso de ideas entre varios estudios de arquitectura para que presentaran propuestas para la ordenación de una parcela donde iría la nueva casa de la música. Un año después, en el pleno de marzo de 2010, el gobierno del PP en solitario dejó sin efecto este encargo a la promotora local para que el ayuntamiento asumiera el gasto.
Desde el gobierno local siempre se ha explicado que se usó ese proyecto porque era el que decidieron los socios del musical por clara mayoría, porque ya estaba realizado y porque no daba tiempo a convocar un concurso por la premura de plazos del PlanE del anterior gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, si se quería disponer de los cinco millones de euros que se recibían.
Sin embargo, los altos funcionarios de Intervención y Secretaría ya avisaron que "una cosa es ganar un concurso de ideas y otra muy distinta resultar adjudicatario sin publicidad ni concurrencia alguna de un contrato de esta magnitud", con un montante cercano al medio millón de euros.
Los socialistas han acudido a la Fiscalía teniendo como base una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia, que condenaba al ayuntamiento a anular el acuerdo del pleno por ser "contrario a derecho".
Este fallo judicia ratificó el recurso presentado por la Delegación de Gobierno en junio de 2010 contra la resolución aprobada por el gobierno local del PP.
