La mayoría de los vecinos de Gilet llevan casi tres meses sin servicio de telefonía móvil desde que un fallo judicial obligara a la empresa comercializadora a retirar la antena, al no contar con permiso de los propietarios de la parcela privada donde la instaló. Ante un problema que sigue sin fecha de solución, el malestar es creciente, como se demostró en la concentración del pasado lunes, donde numerosos vecinos denunciaron los perjuicios personales y laborales que esto está suponiendo a muchos, tal y como se exponía en el manifiesto leído por el periodista Antoni Gómez.«Esto ya no puede ser, estamos hartos», protestaba una mujer.

Ya en el último pleno ordinario, hubo protestas por este asunto. Al cabreo que mostró en ese momento una representación vecinal, se sumó la impotencia y también el sentimiento de miedo de ver el aislamiento que padecen sin cobertura de teléfono, sobretodo en las urbanizaciones más alejadas del núcleo de población. «Tenemos miedo porque estamos indefensos. Si nos pasa algo, ¿cómo avisamos para pedir ayuda?», preguntaba una vecina al alcalde.

Ante la avalancha de quejas recibidas por el ayuntamiento por parte de los vecinos, el alcalde ha explicado en reiteradas ocasiones que la situación escapa de la competencia municipal al tratarse de un servicio que ofrecen las empresas privadas. A esto añadía que se ha hecho «todo lo que está en nuestra mano, que era ofrecer los terrenos municipales que tenemos disponible para que ubiquen la antena de nuevo y de momento, los han denegado», al parecer, porque esas zonas no garantizan la total cobertura, como apuntaban desde el consistorio. Con todo, esta semana, una comercializadora se ha mostrado interesada en instalar un módulo de telefonía en una parcela municipal de la urbanización Balcón de la Peña, pero se desconoce si finalmente la operación saldrá adelante y devolverá la total cobertura al municipio.

Desde el consistorio se aseguraba que sus negociaciones con operadoras llevan más de cinco meses produciéndose y de momento, no hay nada seguro, por lo que el ayuntamiento ha decidido requerir la intermediación del Ministerio de Industria.

Petición al ministerio

En concreto, la administración local va a remitir una carta al ministerio solicitándole que intervenga en el asunto al creer que lo que sucede «no es de recibo». «Lo que nos gustaría es que llamara al orden a las empresas para que este problema se solucione de una vez por todas», decían desde el consistorio. El mismo alcalde recordaba que uno de los usuarios afectados por la falta de cobertura es el propio consistorio, que no puede dar servicio a los vecinos dada la coyuntura actual. Pero además, Vera lamentaba que podrían estar produciéndose abusos porque «se sigue cobrando por un servicio que no se da. Es verdad que el móvil funciona, pero no tenemos cobertura en la mayoría del municipio. A los usurarios que se han quejado se les está descontando de su factura un 30 o un 40% , pero hay otros que no denuncian».

Por otro lado, no descartan emprender acciones legales si confirman que las operadoras les culpan e ellos del problema, como afirman algunos vecinos.