Propietarios de parcelas en la antigua zona industrial del barrio de la Patacona, en la zona litoral de Alboraia, han mostrado al ayuntamiento su interés en recuperar el proyecto para poder edificar en esta bolsa de suelo, quizá la última por urbanizar situada a escasos metros de la playa y muy cerca del término de Valencia.
Según han explicado fuentes municipales a este periódico, entidades bancarias como el Santander o BBVA, empresas promotoras y dueños de antiguas naves industriales poseen suelo en el conocido como sector Vinival, por situarse allí hasta hace unos años una conocida empresa vinícola del mismo nombre. Y las mismas fuentes han asegurado que varios de estos propietarios, entre ellos alguna de las entidades bancarias, se han dirigido al consistorio para mostrar su interés por urbanizar el sector y para consultar las preferencias del gobierno municipal para esta zona.
«Lo que pedimos es que sea de residencial y terciario a partes iguales y rebajar la edificabilidad del 1 al 0,75», explicaba ayer la concejala de Urbanismo, Ana Bru. «También nos gustaría que en vez de varias propuestas como hemos recibido hasta ahora, hubiese una común de varios propietarios», añadió. La unanimidad, aún así, parece complicada ya que hay propietarios de parcelas (principalmente dueños de antiguas naves del polígono) que preferirían mantener la actual calificación de suelo industrial.
Así pues, aunque no hay nada definitivo aún, sí parece que la Patacona se está convirtiendo en uno de los puntos de recuperación urbanística (tímida aún) del área metropolitana de Valencia, como también demuestra el reinicio de varias de las obras que permanecían paradas desde hace años en el paseo marítimo. El nuevo interés por reurbanizar Vinival se produce un año después de que la promotora Reyal Urbis renunciase al desarrollo del sector a través del Plan de Reforma Interior UE 1, con el que planteaba la edificación de unas mil viviendas. A cambio de esta renuncia, el ayuntamiento le devolvió el aval bancario de 300.000 euros que depositó la promotora en 2008 como garantía del proyecto que no llegó a desarrollar. Además, Reyal Urbis aceptó también no ejecutar una posible sentencia contra el gobierno municipal por haber declarado en septiembre de 2008 «desierto» por falta de documentación el concurso del procedimiento de gestión del PAI tras haberlo concedido de forma provisional a la constructora.
