La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente que revise de oficio «por ser nula de pleno derecho» la resolución por la que aprobó el 22 de mayo de 2015 el Plan Especial de la Marjal de Gandia y l´Alqueria del Duc y de reserva de suelo dotacional deportivo que incluía un campo de golf de modalidad «Pitch & Putt» (más reducido que las dimensiones habituales de estas instalaciones) impulsado por el Ayuntamiento de Gandia.
La Fiscalía mantiene abiertas desde el 27 de septiembre de 2015 diligencias preprocesales contencioso-administrativas para revisar la legalidad de la tramitación urbanística de este proyecto. Este tipo de diligencias, al contrario que las de origen penal, inicia un expediente judicial para identificar posibles irregularidades y obligar a adoptar medidas para repararlas y que no se vuelvan a repetir.
El Ministerio Público alega, como principal causa para la nulidad de este proyecto, la «no acreditación de disponibilidad de recursos hídricos» para la nueva instalación deportiva.
El campo de golf, cuya ubicación está prevista en una reserva de suelo de 172.000 m2 , tendrá una demanda de 120.000 hectómetros cúbicos (Hm3) al año que, según el plan especial aprobado por el Ayuntamiento de Gandia, se extraerían de «la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Gandia que vierte sus aguas al mar y en la que está prevista la construcción de un tratamiento terciario». El consistorio de la capital de la Safor también preveía atender las necesidades del futuro campo de golf a cuenta de los excedentes de la concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de la que disfruta el Ayuntamiento de Gandia: un total de 10.891.599 metros cúbicos (m3) al año de los que se consumían 8.263.388 m3 durante la tramitación del nuevo campo de golf. Dos argumentos que no convencen a la Fiscalía. «Se confía la disponibilidad a la posible construcción de un tratamiento terciario de la EDAR de Gandia, cuando es un hecho futuro y de realización incierta, sin que además conste plazo, término o fecha cerrada de ejecución», asegura el Ministerio Público.
La Fiscalía también advierte que recurrir a la concesión de agua para abastecimiento de Gandia para atender la demanda de agua del campo de golf incumple la Ley de Aguas y la Ley reguladora de campos de golf valenciana que impiden, expresamente, destinar el agua de abastecimiento a usos distintos a los previstos en la concesión y que se obtengan «caudales destinado al consumo humano o uso agrícola» para suministrar a los nuevos campos de golf. Incluso afea que el Ayuntamiento de Gandia confíe en el hecho de que le sobrará agua. «No existe garantía alguna de que siga habiendo excedentes», advierte el Ministerio Público.
Por tanto, concluye la Fiscalía, «no resulta acreditada, ni de forma transitoria ni definitiva, la necesaria y esencial disponibilidad real de recursos hídricos suficientes para atender la nueva demanda derivada de la implantación del campo de golf en la zona del plan especial dotacional deportivo».
Por ello pide a la Conselleria de Medio Ambiente (o la que resulte competente) la «revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de la resolución del 22 de mayo de 2015 de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente» (entonces dirigida por Isabel Bonig, actual presidenta del PP de la Comunitat Valenciana) y que tras el cambio de gobierno se dividió en dos departamentos.
