La polémica del proyecto de macrogranja de Ayora macrogranja de Ayoraha alcanzado el Parlamento Europeo. Allí, la portavoz de EUPV, Marina Albiol, ha alertado de los "graves" efectos que podría causar en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes la instalación de esta planta, que tendría capacidad para albergar 28.800 animales en caso de que la Conselleria de Medio Ambiente la autorice.

En una pregunta dirigida a la Comisión Europea, Albiol considera que la infraestructura podría incumplir varias directivas, en el contexto de "una burbuja de granjas de enormes dimensiones que pueden causar un impacto irreversible en las zonas donde se instalan: riesgo para los acuíferos, excesivos volúmenes de residuos, gases contaminantes, malos olores, molestias por el transporte, afección a áreas protegidas de alto valor ecológico?"

Marina Albiol ha apelado a anteriores preguntas formuladas a la Comisión Europea relacionadas con esta burbuja de la carne porcina, ante las cuales la CE descarga las responsabilidades en gobiernos estatales o autonómicos: "La Comisión ha de velar por el cumplimiento de las directivas europeas, y varias de ellas están siendo presuntamente vulneradas, tal y como denuncian distintos colectivos vecinales y ecologistas. Por ello, exigimos que las autoridades europeas ejerzan un control más exhaustivo sobre estos proyectos. De no actuar ante estas alertas, Europa será corresponsable de posibles daños sobre acuíferos, sobre el medio ambiente que debería preservar la Red Natura 2000, y de las consecuencias demográficas que pueden acarrear unas granjas que apenas generan una decena de empleos por cada una de ellas y en cambio ponen en jaque a comarcas ya castigadas por la despoblación", ha criticado Albiol.

La portavoz de EU en Bruselas ha subrayado en su pregunta que las plantas podrían además sufrir un rápido abandono: "En tanto que responden a un fenómeno de burbuja, una caída de la rentabilidad o la apertura de otros mercados que mejoren las condiciones de abastecimiento podrían provocar que las explotaciones fueran rápidamente abandonadas, de modo que tras haber provocado numerosos problemas en las zonas afectadas, acaben convirtiéndose además en un problema de gestión para ayuntamientos modestos".

Concretamente, en el caso de Ayora Marina Albiol reclama al Consell "que supervise el impacto que una granja de estas dimensiones acarreará para una comarca que ya está sufriendo problemas demográficos y económicos, y que por tanto necesita precisamente de otro tipo de medidas que impulsen la puesta en valor del medio ambiente, un modelo agrícola y ganadero sostenible, y las inversiones en servicios básicos y atención a la ciudadanía. Si el Consell realmente lleva a efecto un plan contra la despoblación de las zonas rurales, no puede permitir actuaciones que ponen en riesgo el futuro de estas localidades".