J. S., Valencia.

Al menos 37 municipios de la Comunidad Valenciana con más de 20.000 habitantes en los que habitan millones de habitantes carecen de planes estratégicos de sequía para hacer frente a situaciones de emergencia como las que se podrían plantear si se mantiene el régimen pluviométrico actual. Tan solo los municipios de Alicante que forman parte de la Comunidad de Canales del Taibilla han cumplido con este requisito legal.

La ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional modificada recientemente con la exclusión del trasvase del Ebro y la ampliación de la obras de su anexo II (Plan AGUA) contempla en su artículo 27 (Gestión de Sequías), la obligación de elaborar en un plazo máximo de dos años un Plan Especial de Actuación en sistemas de Alerta y Eventual Sequía que concluyó en julio de 2003.

El gobierno anterior no los hizo y la actual ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se ha encargado de afeárselo al PP. Además, la ley obligaba también a todas las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atienden a poblaciones iguales o superiores a 20.000 habitantes a disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía que debían estar «operativos en un plazo máximo de cuatro años» que finalizó el pasado 5 de julio.

Según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tan solo Elx y Alicante a título individual y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, como colectivo -abastece a 17 municipios en la Vega Baja, tres en el Vinalopó y dos en L$27 Alacantí-, han hecho ya sus deberes.

Sin embargo, poblaciones de la importancia de Alcoi, Benidorm, Dénia, Elda, Ibi, Novelda, Petrer, la Vila Joiosa o Villena carecen de estos planes.

Núcleos urbanos de la relevancia de Valencia, muchas ciudades de su entorno metropolitano y Castelló carecen de estos planes de emergencia, aunque el organismo de cuenca , que debe supervisarlos, confía en que estén siendo elaborados y admite que en parte estos planes son herederos del retraso con el que se han hecho los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y sequía que son responsabilidad de las confederaciones hidrográficas.

Entre las medidas de carácter táctico que cabría incluir en los abastecimientos urbanos que atienden a poblaciones de más de 20.000 habitantes figuran la activación de intercambios y mercados del agua con comunidades de regantes o usuarios industriales, la puesta en marcha de captaciones de sequía y pozos abandonados, el incremento temporal de la explotación de acuíferos, etc.

También se incluye en estos planes no realizados la reducción del gasto entre los grandes consumidores urbanos, la limitación de usos no esenciales (láminas de gua, riego de jardines, baldeos, etc), el control y penalización de consumos abusivos y la puesta ne marcha de campañas de concienciación-educación.

Ya en situación de emergencia y como fase previa a los odiosos cortes de suministro y el suministro en cubas, los ayuntamientos tienen algunas opciones- pocas- que pasan por reducir la presión nocturna en las redes.