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No era una iniciativa cualquiera, pero el grupo municipal del PSPV de Castelló no elevó ninguna consulta a la dirección provincial, según pudo comprobar ayer este diario. El portavoz local, Juan María Calles, presentó la petición de una comisión de investigación de todas y cada una de las facturas pagadas por el ayuntamiento de Castelló a Facsa, Lubasa y PIAF sin siquiera comunicar la propuesta al secretario provincial, Francesc Colomer, afín a Puig.
El alcalde, Alberto Fabra, aceptó la idea y avanzó que la propondrá en todos los ayuntamientos socialistas, empezando por Benicàssim, donde gobierna el propio Colomer. Fuentes próximas al alcalde señalaron que está dispuesto a favorecer la "máxima transparencia" en su municipio y que no teme a nada. Otras localidades en las que Alberto Fabra avanzó que llevarán la petición de que se investiguen las adjudicaciones a esas constructoras son Onda, Morella o la Vall d'Uixó.
Por otra parte, el concejal y secretario general socialista de Castelló, Pep Grau, anunció que el PSPV propondrá un reglamento de funcionamiento de la comisión que investigará las adjudicaciones a las empresas "implicadas en la trama del caso Gürtel". Grau abundó en la idea de que se fiscalice hasta el último céntimo de euro sospechoso y no acabe en un "paripé como ha pasado en los Parlamentos de Madrid y Valencia", dijo, "en los que se ha evitado profundizar en el control de los contratos y pagos a las empresas implicadas en la trama corrupta".
