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De ignorantes y casi, casi, de incompetentes. De este modo trata el Ministerio de la Presidencia, que dirige la vicepresidenta Fernández de la Vega, a las Corts por la petición, aprobada en su día por el PP, para que la ministra comparezca en la Cámara con el fin de responder sobre su "anuncio" de que la Fiscalía General del Estado iba a presentar un recurso contra el sobreseimiento que hizo el TSJ de la causa de los trajes. Tal como publicó el sábado Levante-EMV, tanto el Gobierno como el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, han denegado la petición de comparecer alegando que ellos responden ante las Cortes Generales.
Pero el contenido de los escritos tiene mucho fondo. El del Ministerio de la Presidencia lo firma el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco Herrero. La primera parte del escrito refiere, en tono didáctico, las reglas de funcionamiento "esenciales" del parlamentarismo, para concluir que el Gobierno responde ante las Cortes Generales, donde están los "representantes del pueblo español, y no ante cada uno de los parlamentos autonómicos". "Estas consideraciones elementales, tan evidentes y sabidas, no tendrían que recordarse ahora si no fuera" por la petición de las Corts para que comparezca De la Vega, desliza.
"Habrá razones que hayan impedido a los remitentes solicitar la colaboración de los servicios jurídicos expertos de la Cámara antes de proceder a la tramitación de este escrito", ya que los citados servicios "habrían alertado de la incompetencia de tal requerimiento". No obstante, sugiere otra posibilidad: "Que este escrito se hiciera llegar ignorando las reglas de juego parlamentario, excediendo a sabiendas los márgenes de la competencia de un parlamento autonómico y despreciando las más elementales nociones de lealtad institucional". Ahí va eso.
"Se enteró por su gabinete"
Conde-Pumpido, en cambio, pese a no comparecer, da una explicación: La decisión de recurrir el archivo del TSJ la decidió "de manera autónoma" la Fiscalía Anticorrupción "la misma mañana de la notificación del auto" de archivo. "Dicha decisión fue comunicada acto seguido -en torno a las trece horas de ese mismo día- a este Fiscal General", que "no tuvo nada que objetar". "El hecho de que horas después la vicepresidenta del Gobierno se hiciera eco en una comparecencia pública de esa decisión jurídica previamente adoptada por el fiscal, al parecer conocida por ella a través de su gabinete, no incidió por tanto en modo alguno en la esfera de actuación del Ministerio Público". Conde-Pumpido pide a las Corts que cambien las normas para que el fiscal del TSJCV puede comparecer para explicar su memoria anual.
El PP se molestó ayer mucho con el Gobierno y avanzó que propondrá a la comisión de Coordinación que se apruebe una respuesta condenando las alusiones "poco respetuosas" a las Corts.
