El plan especial del Cabanyal es una "opción urbanística adoptada apriorísticamente por el Ayuntamiento de Valencia obviando los principios de proporcionalidad y mínima intervención". Este es uno de los argumentos que da la orden de paralización del plan urbanístico del Cabanyal dictada por el Ministerio de Cultura el 29 de diciembre que ha puesto en pie de guerra a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia, ambos del PP. En la orden firmada por la ministra Ángeles González-Sinde y cuya publicación se espera para hoy, el Gobierno no escatima críticas contra el plan urbanístico estrella de Rita Barberá. Lo considera superficial, que "no estudia otras opciones más respetuosas" con la "peculiar trama reticular" del barrio, ni beneficia al conjunto, como esgrime el ayuntamiento. Su desarrollo, añade Cultura, "responde a intereses urbanísticos y económicos" y "relega a un segundo plano la protección de los valores históricos" que deben regir los planes especiales de los Bienes de Interés Cultural.
Para Cultura, es "inexplicable" que el plan haya salido adelante y no haya tenido más observaciones que "el informe negativo y muy justificado" del inspector de la Dirección General de Patrimonio que advertía de la afección drástica del plan al BIC.El ministerio considera que el plan constituye expolio del patrimonio al partir en dos, con el derribo de más de 400 edificios, el barrio de arquitectura modernista y da un plazo de 48 horas a las administraciones valencianas para suspender los derribos o, de lo contrario, advierte de que actuará de oficio. El ministerio apunta que el plan especial "comporta derribos de bienes de gran valor histórico-artístico que contribuyen al deterioro" del barrio. El director del Museo Nacional de Cerámica González-Martí, uno de los organismos consultados por Cultura, adjuntó un dossier de 86 páginas de edificios del Cabanyal que poseen interés artístico por sus revestimiento de cerámica.
Cultura señala que el Pepri "supone una alteración del conjunto histórico del Cabanyal" que "lo desfigura hasta el punto de hacerle perder su propio carácter en beneficio de una opción de trazado urbanístico" articulada en torno a una gran avenida "incompatible con la protección del conjunto histórico".
Cultura, que tiene reservada las competencias en materia de expolio del patrimonio y que ha emitido informe sobre el Cabanyal en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, entiende que el ayuntamiento gobernado por Rita Barberá aprobó el plan urbanístico "prescindiendo de toda consideración por los valores histórico-artísticos" que motivaron e 1993 la declaración del barrio como BIC. El Gobierno dice que no cuestiona la legalidad del planeamiento, pero carga contra el mismo porque "únicamente está al servicio de la consecución de una determinada solución de política urbanística".
Un plan que amputa el barrio
La orden ministerial, a la cual el gobierno autonómico respondió ayer con un decreto ley que desarma la declaración BIC del Cabanyal y que abriría un conflicto de competencias, se sustenta en nueve informes. Cinco consideran que hay expolio y son los de la Secretaría Técnica del Ministerio de la Vivienda, la Subdirección General de Patrimonio Histórico (Ministerio de Cultura), la Real Academia de Historia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el director del Museo Nacional de Cerámica, Jaime Coll. Otros tres aducen que no lo hay. Son los de la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Valencia y el Colegio Territorial de Arquitectos. Este último defiende en su informe la legalidad del plan especial aprobado en 1998 por el ayuntamiento y avalado por varias sentencias judiciales, si bien incide en que "la reducción de la problemática de la conexión de la ciudad con el mar a tres únicas alternativas fue errática y excesivamente simplista" y que no se consideraron las "numerosas variables" existentes. La postura de los arquitectos valencianos choca con la del Consejo Superior de Arquitectos de España que considera que el plan "amputa" el barrio y es "obviamente incompatible" con el BIC. El citado organismo hizo en su informe un apunte casi premonitorio señalando que la Generalitat "tiene dos opciones". "Si opta por preservar el barrio del Cabanyal, no debería informar a favor del Pepri y si acepta el Pepri y la continuación del bulevar debería entonces proceder al levantamiento de la protección del barrio, anulando o modificando el decreto que lo declara BIC", como así ha ocurrido. Cultura también solicitó informe al Icomos, organismo de defensa del patrimonio auspiciado por la Unesco, que no se pronunció expresamente.
El ayuntamiento aduce que "es un barrio de callejuelas mal aireado"
El ministerio desmonta en su informe los argumentos del Ayuntamiento de Valencia a favor de la apertura de una avenida de 48 metros flanqueada por edificios de cinco alturas. El gobierno de Rita Barberá, que define el Cabanyal como "un barrio de callejuelas y mal aireado", se acoge a la modificación de la ley de Patrimonio valenciano que abre la puerta a las "sustituciones excepcionales de inmuebles en la medida que contribuyen a la conservación general". Según Cultura, el pretendido plan especial de protección (Pepri) no lo es porque lo que realmente promueve es una "reforma integral" que "desvirtúa" el barrio. "Pese a llamarse de protección relega a un segundo plano los valores históricos" frente al "objetivo irrenunciable" de la conexión de la avenida con el mar.
El consistorio incluye el dictamen a favor del plan especial de Vicente Colomer Sendra, profesor del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica Vicente y uno de los arquitectos finalistas del concurso de ideas que convocó el ayuntamiento para la conexión de la avenida de Blasco Ibáñez con el mar.
