Algunas residencias geriátricas de Castilla-La Mancha han detectado que algunos dependientes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Murcia (comunidades gobernadas por el Partido Popular) se han empadronado en la región. Los afectados, dependientes de más de ochenta años, no han querido esperar más a que sus autonomías les den la ayuda. Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social aseguró ayer a Levante-EMV que "no tienen constancia fehaciente" de que se esté produciendo el llamado "turismo de dependientes" y apuntó que podrían ser "casos puntuales".
El consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, señaló hace dos días que los ciudadanos dependientes que se empadronan en la región, gobernada por el PSOE, para cobrar antes las ayudas de la Ley de Dependencia son "bienvenidos" porque el aumento de la población que solicita las ayudas no gravará a los contribuyentes manchegos.
Lamata recordó que las comunidades autónomas gestionan estas competencias, pero es el Gobierno central el que las paga por lo que "si hay más gasto, la Administración central tiene que garantizar la financiación suficiente". "Cualquier español que reúna las condiciones que la ley marca tiene derecho a solicitar esta prestación", añadió.
Reacción del PSOE
La vicesecretaria manchega del PSOE, Guadalupe Martín, exigió ayer a la secretaria general del PP. María Dolores de Cospedal, que reclame el cumplimiento de la Ley de Dependencia en aquellas comunidades donde gobierna su partido. Martín admitió: "La situación nos preocupa, pero hasta el momento los casos detectados no son significativos y por tanto no es para crear alarma". En el caso de que el "turismo de dependencia" aumentara, Martín manifestó que Castilla-La Mancha lo pondría en conocimiento del Consejo Interterritorial y de la Comisión Delegada que el Ministerio de Sanidad y Política Social tiene creada.
"Nosotros sabíamos que esta situación se podía dar", declaró, "porque se veía venir que algunas comunidades iban a poner trabas".
