El inicio ayer de las tareas que desembocarán dentro de un par de meses en el derribo de las construcciones ilegales en 18 parcelas del delta del río Palància provocó mucho movimiento de sus propietarios, que en algunos casos se afanaban por retirar las últimas pertenencias, incluso una cosecha de patatas. Pese a esa expectación y a que los trabajadores se presentaron en el lugar a primera hora acompañados por la Guardia Civil y la Policía Local, la jornada se desarrolló sin incidentes y sin «malos rollos», según apuntan a Levante-EMV desde la empresa adjudicataria por casi 99.000 euros de estos trabajos, Construcciones y Desmontes Ribera Navarra.
Las tareas de limpieza y señalización centraron las primeras actuaciones, que se simultanean durante estos primeros días con la retirada de los elementos de amianto que ya se habían detectado a lo largo de estos casi 12.000 metros cuadrados. Antes de que las máquinas entren en acción en las próximas semanas, desde la empresa reconocen que «nos hemos encontrado de todo. Hay algunas parcelas que están muy cuidadas y con huertos en marcha que da pena derribar, pero la mayoría es una acumulación de materiales que se ha convertido en un nido de ratas», reconocen.
El propietario de una de estas construcciones ilegales reconocía que, con estos trabajos, se arrasará con un espacio «que he cuidado durante 40 años, pero es lo que hay». Este hombre, junto a otros, ha lamentado el poco tiempo disponible desde la comunicación definitiva, que se produjo hace escasos días, aunque la advertencia de los derribos planea desde hace años, concretamente desde 2007 .
Y es que este proyecto para «naturalizar el espacio y ganarlo para su uso público» implica a varias administraciones, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Demarcación de Costas, que ya procedieron al derribo de las casetas que estaban en zonas de su competencia, hasta la Generalitat, a la que, después de acabar con este espacio, todavía le restará recuperar cerca de 35.000 metros cuadrados que están en una situación similar.
Hace más de una década fue cuando la dirección territorial de Medio Ambiente constató las «innumerables intrusiones» en el monte de utilidad pública. La tramitación del expediente de recuperación de los terrenos «ilegalmente ocupados» se vio frenada por el recurso presentado por vía judicial por una asociación de propietarios. Ya en 2015, una sentencia reconoció la ilegalidad de las construcciones y otorgó al Consell la competencia para su derribo sin tener que pagar indemnizaciones, que los propietarios cifraban en cerca de 1,9 millones de euros.
Retrasos
Sin embargo y tras argumentara también la pérdida de algunos expedientes durante el traslado de la sede de la conselleria para justificar el retraso, el pasado año fue cuando la Generalitat retomó el proyecto, que volvió a paralizarse por un error en el presupuesto, que ascendía a 208.000 euros cuando se determinó que con 137.000 era suficiente.
Arrancan los trabajos. Operarios de la empresa Construcciones y Desmontes Ribera Navarra iniciaron ayer la limpieza y señalización como paso previo a los derribos. 1 Basura acumulada en una de las 18 de parcelas que está previsto limpiar durante las próximas semanas. F
2 Una de las parcelas donde apareció un coche. F
3 Dos trabajadores vacían una de las construcciones ilegales. F
