Los reparos del sector "cristiano" del PP y las dudas jurídicas de informes del propio Consell sobre la ley de custodia compartida no han sido suficientes para frenar la norma que establece como preferente este régimen sobre el cuidado de los hijos en las separaciones cuando hay conflicto. Las Corts aprobaron ayer con los votos del PP y de Compromís y el rechazo del PSPV y Esquerra Unida el proyecto de ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Los diputados populares próximos al vicepresidente Juan Cotino, cabeza visible del sector "cristiano", votaron el texto aunque no ocultaron en algún caso la discrepancia. Cotino no fue al pleno al asistir en Madrid al Pleno del Consejo del Agua. "El jefe de filas se ha buscado una coartada para marcar posición", se interpretó en el PP. Promesa electoral del presidente Camps, éste tampoco asistió.
En la reunión de diputados del PP previa al último pleno de la legislatura, el secretario general adjunto del grupo, José Marí, próximo a Cotino, pidió la palabra para "explicar" su posición sobre la ley, tras haber recibido, dijo, SMS y correos electrónicos ofensivos. Marí, tras recalcar que su postura reacia al texto era "personal" y no ideológica y lamentar que se haya mezclado a Cotino en este asunto, expresó sus dudas sobre la constitucionalidad del texto al no tener claro que la Generalitat tenga competencias para legislar en materia civil. Por ello, apuntó que habría sido más "prudente" dejar sobre la mesa el texto, a la espera del pronunciamiento del Constitucional. El diputado, abogado del Estado y ex Abogado General de la Generalitat, también cuestionó que se fije un régimen (la custodia compartida o la individual, como a su juicio hace el Código Civil) como regla general, al defender que sea el juez, en función de cada caso, el que decida. Pese a estos reparos, anunció que iba a votar la ley "por responsabilidad". Marí matizó a este periódico que de no ser por sus dudas legales, no habría puesto "la más mínima objeción a la ley". "No estoy a favor ni en contra de la custodia compartida, ni de la individual; que decida el juez", insistió. Le contestó Alicia de Miguel, quien recalcó que si el Consell ha tramitado el proyecto, tendrá sus asesores jurídicos que lo avalen.
Marí: "¡Que no he sido yo!"
La anécdota se produjo en la votación. Los errores por despistes llevaron a la popular Marisol Linares, ponente y defensora de la ley, a emitir un voto negativo a uno de los artículos. Marí se giró al resto del grupo y bromeó: "¡Que quede claro que no he sido yo!"
En pasillos, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, enfatizó que el anteproyecto y el proyecto pasaron por el Consell sin una voz crítica allí. Y sostuvo que el Estatuto de 2006 habilita a la Generalitat para legislar en derecho civil.
La diputada socialista Dolores Huesca auguró que la ley será recurrida por el Gobierno por ser inconstitucional, al igual que ocurrió con la del Régimen Económico Matrimonial. Huesca mantuvo que imponer la custodia compartida perjudicará al menor al trasladar, apuntó, el conflicto de los progenitores a los hijos, algo de lo que ya advirtió en un informe el director general del Menor, Antonio Gastaldi. Tanto Huesca como Marga Sanz, de EU, defendieron que sea el juez el que decida en cada caso en función del interés del menor.
La socialista defendió que se introdujera un proceso previo de mediación para forzar un acuerdo. La misma petición hicieron Compromís y EU. El PP no lo aceptó. Huesca recordó que tanto Gastaldi como el Consejo Jurídico y el CES han cuestionado que el Consell tenga competencias. A su juicio, la intención del Ejecutivo con esta norma es la de "ganar la guerra abierta en el partido, plegarse a un colectivo por un puñado de votos y tener otra excusa de conflicto con el Estado". Sanz avisó de que la ley "pone a los pies de los caballos a la parte más débil de la separación" que en la mayoría de los casos es la mujer, dijo. Mònica Oltra, de Compromís, dijo que la norma es un "avance antropológico" porque se "avanza en la igualdad de hombres y mujeres".
La ley se aplicará a las separaciones en marcha
salvo recurso al TC
La nueva ley, que fija la prioridad de la custodia compartida en las separaciones y divorcios cuando haya conflicto, se aplicará a los procesos actualmente en marcha, tal como se modificó en comisión, salvo que un eventual recurso al Constitucional del Gobierno llevara al TC a suspender la aplicación. La entrada en vigor de la norma es inminente, a los 30 días de su publicación en el "DOCV". Con todo, lo más relevante es la eliminación del límite de dos años desde la entrada en vigor para que un progenitor al que se le aplicó la legislación anterior pida la revisión conforme a la nueva regulación. Ahora, lo podrán hacer pasen los años que pasen.
La norma otorga prioridad al "pacto de convivencia familiar" que deberá ser judicialmente aprobado y que tendrá que establecer el régimen de convivencia y/o relaciones familiares de los progenitores con los hijos, los hermanos y abuelos. Pero, si no hay acuerdo, se establece la custodia compartida como regla general y habilita al juez para decidir al respecto atendiendo a las circunstancias de cada caso. Por otro lado, el Col·lectiu Lambda de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales lamentó ayer que la ley "haga de nuevo invisibles" las familias formadas con miembros del mismo sexo.
Vía libre a las leyes de movilidad y bomberos
El último pleno de la legislatura sirvió para aprobar también las leyes de movilidad del transporte, bomberos y reforma de la ley de régimen local. La primera salió adelante con los únicos votos del PP y en contra de la oposición. La norma ha dividido al taxi, al ser rechazada por los empresarios del sector y contar con el apoyo de los autónomos, toda vez que limita la concentración de licencias al 8% de las existentes en una ciudad. También se fija un máximo de 12 horas de servicio por taxi, ampliable a 16 si el titular tiene a alguien más contratado. La de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, consensuada con los bomberos, fue apoyada por todos los grupos, salvo EU, que se abstuvo. Finalmente, PP y Compromís, con la abstención del PSPV y EU, aprobaron la reforma de dos artículos de la ley local que evitará un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno.
