Es incuestionable que la efervescencia política que brotó de la Transición se fue ahogando conforme se asentaba la normalidad democrática, pero no es menos cierto que las campañas electorales han sido, de siempre, un espacio en el que ha resurgido la política. Al menos en su dimensión de espectáculo, en su vertiente más folclórica. Hasta ahora. Pocos recuerdan una campaña electoral de perfil más bajo. Contrasta, paradójicamente, con una legislatura marcada por el continuo sobresalto al calor del caso Gürtel, Brugal y otros episodios de corrupción.
Fuentes de los partidos con representación parlamentaria coinciden en que han confluido diversos elementos a la hora de condicionar esta caída en picado del ruido de la propaganda, reducir a la mitad las vallas y los anuncios en los medios de comunicación. Todos los factores podrían resumirse, directa o indirectamente, en uno: la crisis económica. La de fuera, la que convirtió las parcelas abonadas para sembrar PAI en un inmenso páramo. Y la de dentro, la que tiene exhaustas la caja de los partidos. Los cambios legales han contribuido a que en estos quince días sea físicamente posible vivir libre de contaminación propagandística.
La ley orgánica 8/2007 de 4 de julio de financiación de los partidos contribuyó, combinada con la crisis, a disminuir las aportaciones empresariales. Las que se hacen bajo mano, que, como las meigas, «haberlas, haylas», y las legales. Estas segundas tienen un régimen mucho más estricto, aunque la nueva norma incrementó de 60.000 a 100.000 euros la aportación máxima que puede hacer una persona (física o jurídica) a un partido, estipulada en la anterior ley de 1987. El cambio radical, sin embargo, fue la prohibición de las donaciones anónimas, para obligar a identificarse con su DNI a quienes hicieran sus aportaciones a una cuenta que debía ser abierta expresamente. En un país en el que la cultura de los lobbys es vista con reticencias, se les asimila a los conseguidores, pocos o nadie quiere retratarse en una aportación a un partido, según constatan desde los aparatos de las formaciones. Este parón urbanístico y la nueva ley explican en buena parte que las arcas de los grandes partidos estén limpias como una patena. Populares y socialistas han subvencionado sus campañas precedentes, en teoría, con dinero de Madrid. Esta vez, la teoría se ha hecho, en gran medida, práctica. Así, el PP ha aportado menos suplemento que nunca, al contrario que en comunidades como Madrid o Murcia.
El precedente judicial del PP
El efecto del caso Gürtel, que tiene a varios de sus dirigentes en tela de juicio por la presunta financiación electoral ilegal con dinero de varias contratistas de obra pública (Lubasa, Sedesa, Facsa o Enrique Ortiz, entre otras), se ha dejado notar. Y no poco. También, por supuesto, el interés estratégico de los populares de anestesiar la campaña para evitar la movilización del electorado socialista, en estado de depresión o deserción como castigo a la marca PSOE, culpabilizada de la crisis. El miedo escénico a la fiscalización por el Tribunal de Cuentas en tiempos de marejada en los tribunales también se percibe en la oposición. Y, sobre todo, la penuria económica. Así, el PSPV, que en otras citas ha sufragado desde Blanquerías casi toda la campaña en grandes ciudades como Valencia (más de 600.000 euros le costó la de 2007), esta vez ha peregrinado varias veces a Ferraz para poder sacar los carteles a la calle.
Otro elemento que ha contribuido a que la propaganda esté más ausente que nunca es, sin duda, la férrea prohibición al autobombo («cualquier acto organizado o financiado por poderes públicos que contenga alusiones a realizaciones o logros obtenidos») institucional o de la propaganda electoral contenida en la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Esa norma remozada desterró carteles, cuñas y vallas entre el 28 de marzo, cuando se convocaron los comicios, y el 7 de mayo, día en el que arrancó oficialmente la campaña. Esto es, mató el calentamiento electoral.
Con este panorama, el uso de las redes sociales (twitter y facebook) ha sido una apuesta decidida para difundir mensajes y buscar votos a coste prácticamente cero. La inercia de los nuevos tiempos se ha visto, así, acelerada por las exigencias de la delgada contabilidad.
