08 de enero de 2012
08.01.2012

Sanidad pagó 336.000 euros a una empresa de la familia de Cotino por un aparcamiento que no construyó

La conselleria aceptó la anulación del contrato para construir 600 plazas en el Hospital Peset, a petición de la firma, sin justificar las causas y pagando la cantidad que reclamó Sedesa - La Abogacía de la Generalitat criticó las formas de la cancelación y recomendó pagar sólo por el proyecto

10.01.2012 | 09:52
La zona elegida para el aparcamiento se sitúa entre la Escuela de Salud Pública y el edificio de consultas externas del Hospital Peset.

La Conselleria de Sanidad pagó 336.380 euros a una de las empresas de la familia Cotino —Sedesa Concesiones SL— por la anulación del contrato para construir un aparcamiento en el Hospital Doctor Peset de Valencia, que nunca se construyó. Así consta en el expediente de esta concesión de obra pública al que ha tenido acceso el diputado socialista, Francesc Signes. El portavoz socialista de Infraestructuras en las Corts solicitó en 2009 acceder a los expedientes de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat a Sedesa, una fiscalización de expedientes públicos que no ha podido realizar hasta finales de 2011. Sedesa está relacionada junto a otras constructoras en las investigaciones del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

El contrato del nuevo aparcamiento se licitó (finales de 2006) y adjudicó (marzo de 2007) durante la etapa de Rafael Blasco como conseller de Sanidad. El contrato iba destinado a construir un aparcamiento subterráneo y en altura de 600 plazas (ampliables), en los alrededores del Hospital Peset, donde aparcan los trabajadores gratis (aunque el acceso está controlado).

La adjudicación se realizó por concesión: la empresa debía adelantar el coste de las obras y proyectos (9,9 millones de euros) a cambio de construir el aparcamiento en 18 meses y explotarlo durante 38 años. El 21 de mayo de 2007 se firmó el contrato concesional «con el compromiso de la empresa de presentar el proyecto de ejecución de obra en un mes».

Pero diecisiete meses después, y ya con Manuel Cervera en la Conselleria de Sanidad, el aparcamiento no sólo no estaba construido sino que Sedesa Concesiones presentó un escrito «solicitando la resolución de mutuo acuerdo del contrato, con resarcimiento al concesionario de los costes asumidos» por valor de 336.380 euros (55 millones de las antiguas pesetas).

El conseller de Sanidad accedió a estas pretensiones, aunque la Abogacía de la Generalitat, sección sanidad, emitió un informe en el que advertía que «ni en la propuesta de resolución ni en el expediente se ha hecho mención a la innecesariedad o inconveniencia del contrato, ni tampoco se ha indicado la no concurrencia de otras causas de resolución imputables al contratista». «Únicamente —criticaba la abogacía general— se han limitado a señalar que las obras no se han iniciado sin determinar la causa, ni el por qué, indicando que procede la devolución de la garantía constituida (398.929 euros, una cantidad de dinero que siempre deben aportar las empresas adjudicatarias) y aceptando el resarcimiento de costes solicitados por el contratista (otros 336.380 euros más)».

Sobre esta última cantidad, la Abogacía de la Generalitat señalaba que el contrato preveía «la contratación conjunta de la elaboración del proyecto de construcción y la ejecución de las obras, que no se han iniciado (sin indicarse la causa), por lo que salvo que se acredite otra cosa y no haya mediado culpa del contratista, sólo se deberán abonar los pagos de redacción al correspondiente proyecto».

Cervera ignoró la indicación
Pero el conseller Manuel Cervera obvió esta recomendación. A partir de una resolución de la jefa de área de Infraestructura y Mantenimiento, Inmaculada Baena Olcina, —que presidía también la mesa de contratación que licitó y adjudicó el contrato— dio por buenas las peticiones de Sedesa Concesiones y acordó devolver la fianza más los otros 336.380 euros que incluían la redacción de los proyectos (básicos y de ejecución), la licencia de obras (solicitada al Ayuntamiento de Valencia y nunca concedida) y la dirección y estudio de la obra.

El diputado Francesc Signes denuncia que tanto el proyecto de construcción (previo al inicio de las obras) como las direcciones de proyecto, estudios de obra y gastos generales «no podían haberse iniciado de ser cierto que no se había firmado el acta de inicio de las obras».

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