El exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha vuelto esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para declarar como imputado en la causa de supuesta financiación irregular de su partido relacionada con la trama Gürtel.
Costa, que ha respondido durante casi cuatro horas a las preguntas de la fiscalía y el juez, se ha negado a contestar al abogado de la acusación particular ejercida por el PSPV a través del abogado Virgilio Latorre, quien ya le interrogó durante el juicio de la causa de los trajes del que salió absuelto.
Al término de la declaración, Ricardo Costa se ha dirigido a los medios -aunque sin aceptar preguntas- para manifestar que se encontraba muy "satisfecho de haber podido declarar". "Creo que he contribuido a demostrar que en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana está todo correcto y que sus cuentas están claras", ha defendido. Finalmente, ha añadido que considera que "la causa debería archivarse".
Costa, que llegó a las 9.30 de la mañana acompañado de su letrado, comparece para declarar por dos de las piezas que componen la causa: supuesto delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008.
Cargos que dependen del presidente
El vicepresidente del Consell, José Ciscar, se ha referido a Ricardo Costa al ser preguntado sobre la exigencia de responsabilidades políticas prometida por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Císcar ha defendido que no queda "ningún alto cargo (imputado) en su puesto" y se han abierto los expedientes disciplinarios correspondientes a los funcionarios presuntamente implicados. No obstante, ha indicado que "la línea que marca la diferencia es la imputación".
En el caso concreto de Costa, entiende el vicepresidente que cuando habla de exigir responsabilidades se refiere a aquellos cargos que el Consell o el presidente tienen capacidad para nombrar y cesar, y no a los casos en los que ese cargo procede de la legitimidad de las elecciones. "El presidente de la Generalitat y el Consell donde tienen competencias actúan, no creo que pueda haber ninguna duda de cuál es nuestro compromiso en perseguir la corrupción: exigimos la máxima ejemplaridad y transparencia a los altos cargos", ha indicado Císcar, que ha puntualizado que, no obstante, en los ámbitos en que no pueden actuar hay que respetar la ley.
